Representantes de cinco ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos protestaron entre miércoles frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Caracas, para exigir la liberación de la abogada y activista Rocío San Miguel.
La defensora de derechos humanos y directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el pasado viernes cuando se disponía a salir del país con su hija, acusada por las autoridades venezolanas de estar involucrada en un plan de magnicidio.
San Miguel permanece detenida de forma preventiva en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Mientras que Alejandro González Canales, su expareja, está recluido de manera preventiva en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta.
Sus abogados han denunciado que no han podido estar presentes en las audiencias, lo que va en contra del debido proceso.
«Rechazamos las acciones judiciales por parte del Estado venezolano respecto a las recientes detenciones en contra de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel y sus familiares», indicaron las organizaciones en un comunicado leído ante la prensa.
Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia, denunció la falta de información sobre la integridad física y mental de San Miguel, la desaparición forzada de la que fue víctima y el ataque contra sus familiares, quienes también fueron detenidos.
«Rocío San Miguel, así como también Javier Tarazona y todos los presos políticos que se encuentran detenidos por ejercer su derecho deben ser liberados», señaló la directora de la ONG Civilis, Andrea Santacruz.
Por otro lado, la representante de la ONG Cofavic, Claudia Carrillo, indicó que en el periodo 2018 – 2023 se han registrado 2.227 ataques contra defensores de los derechos humanos en el país, siendo los últimos tres años los momentos en los que mayor registro de casos hubo.
«Se han registrado eventos como amenazas, campañas de descrédito, estigmatización, ataques y allanamientos en sedes de organizaciones, restricciones a actividades de exigencias de derechos, interceptación de comunicaciones y sitios web de las ONG, seguimientos, censura, cierre de espacios, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias y el uso de la desaparición forzada como mecanismo para aislar, intimidar y reducir a quienes son víctimas», indicó Carrillo citando un informe realizado por la organización.
Señaló que, de acuerdo con el estudio, las mujeres defensoras son las principales víctimas del Estado venezolano.
Santacruz agregó que al menos 62 organizaciones en el país se encuentran en situación de persecución, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para exijan que cese la criminalización de las ONG venezolanas.
El Nacional
