Organizaciones defensoras de derechos humanos reiteraron su respaldo a la liberación plena, inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, pero advirtieron sobre los riesgos que contiene el primer borrador del proyecto de ley de amnistía que aprobó la Asamblea Nacional el pasado jueves 5 de febrero y que se dio a conocer un día después.
En un comunicado, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) recordó que la excarcelación de personas detenidas por razones políticas no constituye un favor del Estado, sino la restitución de derechos y garantías fundamentales, y que puede ejecutarse de manera inmediata sin necesidad de una nueva ley, mediante el cumplimiento de la Constitución, ante las reiteradas violaciones al debido proceso documentadas en estos casos.
Varias organizaciones y defensores de derechos humanos subrayaron que el proceso que está orientado a la paz y a la reconciliación debe partir de una voluntad genuina del Estado y deben generar confianza en la sociedad. En ese sentido, indicaron que amnistías que no se ajusten a estándares internacionales y que obstaculicen las obligaciones de verdad, justicia y reparación generan responsbilidad internacional, agravan las violaciones de DDHH y no contribuyen a una reconciliación auténtica.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, expresó preocupación por la redacción de la exposición de motivos del proyecto legislativo. «Seguimos preocupados por la redacción de dos aspectos en la exposición de motivos: el espíritu de una ley de esta naturaleza no es atribuir a un sector la culpa y se insiste en plantear la amnistía como un ‘acto de clemencia soberana’», señaló.
Murillo indicó además que las organizaciones se encuentran revisando el primer borrador de la propuesta de amnistía, pero solicitó que se confirme la versión del documento. «Exigimos máxima transparencia y amplitud a la comisión que tendrá a cargo el proceso de consulta», escribió en su cuenta de X.
El proyecto de ley, que consta de 13 artículos, limita de manera estricta su aplicación a 10 momentos específicos vinculados a hechos calificados como violencia política. Entre ellos se incluyen el golpe de Estado de 2002; el paro cívico y petrolero de 2002–2003; los hechos de febrero–marzo y agosto de 2004; los sucesos de mayo de 2007; los hechos vinculados a las elecciones presidenciales de abril de 2013; las manifestaciones entre febrero y junio de 2014; entre marzo y agosto de 2017; entre enero y abril de 2019; y las protestas relacionadas con las elecciones presidenciales de 2024, según lo establecido en el artículo 6 del proyecto.
Las organizaciones advirtieron que el texto excluye a personas condenadas bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley Contra el Odio y otros instrumentos considerados represivos, así como las causas que permanecen bajo jurisdicción militar. También alertaron que el proyecto no contempla la derogatoria del marco legal que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas, lo que —a su juicio— deja abierta la puerta para nuevas detenciones incluso después de una eventual aplicación de la amnistía.
Asimismo, señalaron que la propuesta no garantiza el retorno seguro de las personas exiliadas, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Otro de los aspectos cuestionados es que la amnistía no sería automática. De acuerdo con el artículo 9, su aplicación debe ser solicitada y queda sujeta a verificación judicial, manteniendo amplios márgenes de discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución política.
A estas críticas se sumó el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales, que rechazó el proyecto difundido en redes sociales al considerar que no establece responsabilidades ni justicia contra quienes violaron derechos humanos, no garantiza la reparación de las víctimas directas e indirectas, culpabiliza y revictimiza a los afectados, y plantea la amnistía como un acto de «clemencia», como si existieran culpas en las víctimas.
La organización también alertó que el texto no contempla medidas ni límites que impidan la repetición de hechos contra la libertad y la democracia.
Por su parte, la dirigente opositora Delsa Solórzano afirmó que la propuesta resulta insuficiente para avanzar hacia una solución integral que garantice justicia, reconciliación y la plena restitución del Estado de derecho, así como la libertad de los presos políticos con garantías de no repetición.
Solórzano exigió la liberación inmediata y sin más dilaciones de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, así como el restablecimiento pleno e inmediato del orden constitucional, como condiciones indispensables para cualquier proceso serio de justicia y transición democrática.
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