La organización no gubernamental Provea dijo que tras cumplirse tres meses de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, la Asamblea Nacional venezolana puede declarar la falta absoluta del cargo.
«A los 90 días, la Asamblea Nacional de Venezuela puede declarar falta absoluta. A los 180, tiene la obligación. Eso obliga a convocar elecciones en 30 días. No pronunciarse es una decisión política, no una omisión neutral», aseguró el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Recordó que el término «ausencia forzosa» como lo definió la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en enero pasado, cuando ordenó a Delcy Rodríguez asumir la administración del país, es un término jurídico que no existe en el texto constitucional venezolano.
Consideró que tal definición busca prolongar por tiempo indefinido la temporalidad de Rodríguez en Miraflores, cuando la Carta magna vigente en el país desde 1999 establece los mecanismos a seguir cuando hay una ausencia temporal o absoluta en la Presidencia de la República.
Durante 90 días se declara la falta temporal y a los 180 días; es decir, seis meses, la ausencia es absoluta. Cuando no se ha cumplido la mitad del mandato, se deben organizar elecciones en un plazo de 30 días, siguientes a la declaración de la falta absoluta. En ese caso, la vicepresidenta o vicepresidente asume el cargo hasta que haya un nuevo presidente o presidenta.
En Venezuela, un comando especial de fuerzas militares estadounidenses capturaron a Maduro y Flores, el 3 de enero, después de intensos bombardeos sobre Caracas y ciudades aledañas. En una operación relámpago, a la pareja la sacaron del país y ese mismo día la recluyeron en una cárcel de máxima seguridad en Brooklyn, Nueva York, donde esperan un juicio, que aún no tiene fecha de celebración a pesar de dos audiencias celebradas; la primera para imputarles cargos criminales el 5 de enero y, la segunda, el pasado jueves 26 de marzo.
«Venezuela tiene derecho a decidir. La falta absoluta no es un tecnicismo, sino el mecanismo que devuelve la palabra al pueblo. Tenemos derecho a elecciones democráticas, el reloj constitucional corre», insistió Provea sobre la necesidad de definir qué pasará en el país.
Qué ha pasado en Venezuela desde el 3 de enero
Tras la detención de Maduro y Flores, el presidente de Estados Unidos y su secretario de Estado, Donald Trump y Marco Rubio respectivamente, hablaron de un plan de tres etapas: estabilización, recuperación económica y transición. Desde entonces mantienen un tutelaje sobre Miraflores que incluye el control por la venta del petróleo en mercados internacionales, lo que forzó además al chavismo a reformar la Ley de Hidrocarburos para permitir a capitales extranjeros dedicarse a actividades primarias del sector.
Desde entonces, funcionarios del más alto nivel de la Casa Blanca han desfilado por Caracas, entre ellos el director de la Agencia Central de Información (CIA por sus siglas en inglés), el jefe del Comando Sur, el secretario de Energía, Chris Wright; el del Interior, Doug Burgum; y senadores estadounidenses se han reunido con Rodríguez en Miraflores.
Los dos países restablecieron relaciones diplomáticas, rotas por Maduro en febrero de 2019. EE. UU. designó a Laura Dogu como su jefa de misión, aunque no como embajadora; Félix Plasencia fue designado a Washington, mientras que Trump reconoció a Rodríguez como presidenta encargada y levantó recientemente las sanciones en su contra.
La oposición venezolana, encabezada por María Corina Machado, también ha sostenido encuentros con el propio líder republicano y Rubio, en audiencias privadas, en las que han mostrado su interés por las fuerzas democráticas, aunque apoyan el interinato de la vicepresidenta de Maduro.
El chavismo también se vio obligado a iniciar excarcelaciones de presos políticos, anunciadas el 8 de enero, pero que se han detenido en las últimas semanas; aprobaron una Ley de Amnistía el 19 de febrero, criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos por su limitado alcance, mientras que Rodríguez inició una remodelación del gabinete de su predecesor.
Entre los cambios más resaltantes está la destitución del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien sirvió casi 14 años a Maduro; las renuncias del fiscal general (Tarek William Saab) y el defensor del pueblo (Alfredo Ruiz), así como el desplazamiento de Alex Saab y su esposa Camila Fabri del gabinete ejecutivo, entre otros como la incorporación de opositores moderados a su gestión: Oliver Blanco u Ana María San Juan.
Los movimientos sociales, sindicales y gremiales han vuelto a tomar las calles para demandar ajuste salarial, mejoras en su calidad de vida y aunque las detenciones arbitrarias disminuyeron, más de 400 presos políticos continúan encarcelados en diferentes centros penitenciarios.
El Pitazo
