La organización SOS Orinoco denunció la existencia de 129 emplazamiento de minería ilegal dentro del parque nacional Canaima, declarado por la Unesco como patrimonio mundial de la humanidad, y la inacción de las autoridades sobre este asunto.
En su último informe, incluido en la 11ª edición del World Heritage Watch Report, la organización señaló que Canaima atraviesa una grave crisis ambiental debido a la minería ilegal, los incendios forestales, la expansión de especies invasoras y el turismo sin control, que han degradado el parque en las últimas dos décadas.
Según el informe, existen 129 emplazamientos mineros activos en Canaima, sin contar las balsas de dragado que son más difíciles de detectar por satélite. A esto se suman 24 nuevos enclaves mineros en la zona de amortiguamiento, una franja no legal de 10 kilómetros fuera del parque, más acentuado en el suroeste.
«Las autoridades no han tomado medida alguna contra esta actividad ilegal», señaló la organización.
Crecimiento de la minería ilegal. Según imágenes satelitales y seguimiento de campo, la superficie intervenida aumentó de 122 hectáreas en el año 2000 a 1.582 hectáreas en 2023, lo que representa crecimiento de más de 1.300%. Esta expansión se agravó desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.
En el último año, la huella minera en el parque creció en 73 hectáreas y se identificaron cinco nuevos sitios mineros y dos expansiones en zonas previamente intactas.
Entre 2000 y 2022, al menos 65 hectáreas de bosque fueron destruidas por la minería, pero el mayor impacto registrado por la ONG ocurrió recientemente: 82 hectáreas adicionales se perdieron solo entre 2023 y 2024.
Parque degradado. Canaima ocupa el segundo lugar entre las 173.461 áreas protegidas más irremplazables del mundo, según se citó en el informe.
«La situación de Canaima sigue deteriorándose. Los incentivos económicos pesan cada vez más que los esfuerzos de conservación, lo que agrava el declive del parque», afirmó SOS Orinoco.
La organización pidió a la Unesco incrementar la presión para que se tomen acciones inmediatas. «La Unesco debe intensificar la presión sobre las autoridades venezolanas para que evalúen el sitio de primera mano y tomen medidas urgentes para detener su actual degradación».
Deforestación acelerada. Más de la mitad de la pérdida total de cobertura forestal dentro del parque nacional Canaima ha ocurrido desde 2015, lo que coincide con la expansión de la minería.
Entre marzo y mayo de 2024, incendios forestales consumieron 69.400 hectáreas en el parque, con más incidencia durante la estación seca.
«Las autoridades no han aplicado estrategias eficaces de prevención y control. Es esencial contar con programas bien financiados y con recursos adecuados para combatir esta amenaza», señaló SOS Orinoco.
Invasión de especies exóticas. Otra de las advertencias del informe es la propagación acelerada de especies exóticas invasoras, sobre todo en zonas turísticas, caminos, centros administrativos y en las cimas de los tepuyes.
Estas especies están siendo introducidas por la actividad humana, a través del turismo.
La ONG expresó que, pese a la magnitud del riesgo, las autoridades venezolanas no han tomado medidas preventivas o correctivas. «Estos cambios suelen ser difíciles o imposibles de revertir. Sin embargo, esta amenaza suele pasar desapercibida o es ‘tolerada’ irresponsablemente».
Turismo descontrolado. El turismo se convirtió en factor de presión ambiental sobre Canaima, afirmó SOS Orinoco. En el monte Roraima se ha registrado la presencia simultánea de hasta 120 personas en la cumbre, más del doble del límite no oficial acordado (50 personas) entre las comunidades indígenas pemón e Inparques.
En el sector occidental, donde está el Salto Ángel, los helicópteros privados hacen hasta ocho vuelos diarios, algunos con aterrizajes en la cima del Auyantepui, lo que también favorece la introducción de especies invasoras. También destacaron el número cada vez mayor de turistas de Kamarata que escalan el Auyantepui, «cuyo impacto medioambiental sigue sin evaluarse».
A pesar del flujo turístico y de nuevos guardaparques asignados, SOS Orinoco reclamó que la gestión de Inparques es «prácticamente ausente», limitándose a cobrar tarifas de entrada.
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