Las declaraciones del recién presidente electo de Chile, José Antonio Kast, sobre los migrantes que viven en su país y no han logrado regularizarse, encienden las alarmas entre miles de extranjeros, especialmente de los venezolanos. No obstante, dos consultados por TalCual creen que las deportaciones masivas desde este país a Venezuela no son viables logísticamente ni legales y dicen que esperan que el ambiente se torne más hostil en un país bastante xenófobo.
Jasmín Rodríguez es una venezolana de 40 años que llegó a Chile en junio de 2022. Tiene dos hijas de 18 y 19 años de edad. Ella no está regularizada, pero sus hijas sí. Como Rodríguez no ha logrado formalizar su estatus, depende de la documentación de su madre hasta para lo más básico, incluso para cobrar el salario que gana cuidando adultos mayores.
«Sabemos que la cosa se va a poner peor. Estamos así, como que él no nos puede sacar, pero claros de que la cosa se va a venir más pesada. No nos va a decir: ‘váyanse’, pero nos va a poner el agua al cuello, al punto que muchos van a querer irse», expone Rodríguez, pero desestima que Chile vaya a realizar deportaciones masivas como las que comenzó Estados Unidos este año hacia Venezuela «porque no hay relación ni comunicación bilateral. Tampoco nos van a recibir otros países. Es ilógico».
Kast, quien asumirá el cargo de manera oficial el 11 de marzo de 2026, insiste en que los 336 mil migrantes en situación irregular que viven en Chile, que representan 17,6% de la población extranjera, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, deben «volver voluntariamente» a sus países, costeando el monto del pasaje. El mandatario advirtió que de no ser así, habrá sanciones y expulsiones, con prohibición definitiva de reingreso a esa nación.
Jasmín Rodríguez confiesa que desde que vive en Chile «siempre he tenido miedo», pero no por ser expulsada, sino por el tema de «odio contra nosotros. Yo no salgo de noche», admite y reitera que el nuevo presidente «no puede recoger 25 mil 0 100 mil venezolanos y mandarlos para el país. Es totalmente mentira», agrega.
Desde Santiago, Alejandro Padrón, mecánico venezolano que llegó a Chile en agosto de 2022, explica que pese a que ha seguido todos los pasos indicados por las autoridades para formalizar su estatus migratorio, «en realidad no legaliza nada». Dice que todos los trámites sirven para que el gobierno chileno sepa de la existencia de ellos, pero esos registros no les sirven para acceder a registros bancarios, todos los servicios de salud y ni para pedir un Uber.
«Cuando él asuma (Kast), no creo que vaya a haber redadas migratorias así como en EEUU. No lo veo posible», sostiene Padrón.
Este mecánico, oriundo de Altagracia de Orituco, estado Guárico, afirma que no ha sentido «miedo, pero sí mucho sentido de alerta» para estar preparado «por si acaso vaya a pasar algo grave. Siempre hay que tener un plan B», admite y dice que «muchos se han ido por miedo» antes de que la situación colapsara.
Alejandro Padrón expone que la mayoría de los migrantes venezolanos que vive en Chile lo hace por «necesidad» y buscando mejores oportunidades de vida ante la situación que vive su nación.
Estos dos migrantes venezolanos consideran que el endurecimiento de las políticas migratorias por parte del nuevo presidente no llegará a concretarse en deportaciones, sino que se convertirá en restricciones en el acceso a derechos, mayor burocracia, más controles y discursos que alimentan la xenofobia.
José Antonio Kast prometió no realizar regularizaciones masivas, retirar beneficios sociales en salud, vivienda y educación a migrantes en situación irregular. De hecho, dijo que estudiarán cambios legales para que los hijos de migrantes nacidos en Chile no obtengan automáticamente la nacionalidad chilena.
«Ese lenguaje crea odio», sostiene Jasmín. «Yo siento que es como escuchar discursos que ya escuchamos en Venezuela. No puedes irte contra un grupo de personas solo por su condición. Ya nuestra vida es difícil como migrantes«, resume la venezolana.
El arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomali, defiende el papel de los migrantes en Chile, especialmente en el sector sanitario y agrícola. Durante una reunión con el Papa León XIV en Roma, el representante de la Iglesia Católica manifestó preocupación por las políticas anunciadas por el nuevo mandatario electo: «Hay miles de migrantes que prestan un servicio importante en Chile, que están integrando a la sociedad y que tienen que tener a pleno título el derecho de ser ciudadanos».
Jasmín Rodríguez agradece a Chile la estabilidad que le ha dado a sus dos hijas, quienes justamente la semana pasada estaban presentando exámenes para ingresar a la universidad y optar por una beca. No obstante, la caraqueña mide cada paso en ese país: evita salir de noche y se mantiene al margen de protestas por temor a exponerse.
Contrario a Rodríguez, Alejandro Padrón asegura no haber sido víctima de xenofobia en los tres años que lleva viviendo en Chile y enfatiza: «No todos somos iguales. El problema es que meten a todos (los venezolanos) en el mismo saco». El guariqueño pide a las autoridades chilenas que busquen a quienes delinquen y dejen tranquilos a los que trabajan y aportan a la nación que los recibió.
Un estudio reciente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encontró que el consumo de los migrantes venezolanos en territorio chileno se estima en 2.400 millones de dólares, orientados hacia el pago de vivienda y servicios. Enfatizan que la migración ha sido clave para contrarrestar el envejecimiento poblacional local, aportando una fuerza laboral joven (promedio de 36 años) y activa.
De acuerdo con el Centro de Estudios, Libertad y Desarrollo de Chile, en ese país viven 1,9 millones de extranjeros; 42% son nacionales de Venezuela. De ese total, 336 mil no están regularizados; 75% de estos últimos son venezolanos, es decir, alrededor de unos 252 mil ciudadanos.
TalCual
