Este lunes 13 de noviembre la Unión Europea anunció la renovación hasta mayo de 2024 de las sanciones contra 54 funcionarios del madurismo, así como del embargo de armas y material para represión interna.
Estas sanciones, en vigor desde noviembre de 2017, se impusieron en respuesta al «continuo deterioro de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela», recordó el Consejo, con vistas a «ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas» que aporten «estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades acuciantes de la población».
Las medidas suponen, de manera personal, la prohibición a los afectados de viajar a la UE y la congelación de sus activos, pero no afecta a empresas estatales ni a bienes comunes venezolanos.
El bloque comunitario extendió «excepcionalmente» sus sanciones seis meses en vez de un año, como es habitual, tras apreciar como un «paso positivo y necesario» el acuerdo entre el chavismo y la oposición para celebrar elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024.
La UE recordó que está dispuesta a «dar pasos» y «considerar la flexibilización o la revocación» de estos mecanismos «en función de la evolución de la situación y de la aplicación de este acuerdo político».
También de los “los avances realizados” para la liberación incondicional de todas las personas detenidas “injustamente” y en favor de la libertad de expresión -incluida la de los miembros de la prensa-; la independencia del proceso electoral y de las instituciones judiciales que permitan unas elecciones creíbles, integradoras, transparentes y democráticas, y el respeto de los derechos humanos y políticos.
El Consejo volverá así a evaluar estas sanciones dentro de 6 meses, aunque «está dispuesto” a volver a tratar este asunto “en cualquier momento” sobre la base de “avances concretos, sostenibles y verificables” en relación con la situación en Venezuela.
Gobierno busca sacudirse observación electoral
Tras conocer el anuncio el gobierno de Nicolás Maduro consideró que la Unión Europea «se ha inhabilitado» para participar en los «procesos políticos» de Venezuela.
En un comunicado, el Ejecutivo chavista rechazó «la arrogante e ilícita decisión de la UE», la cual «les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos, ya que viola los principios sagrados de la Constitución y transgrede las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas».
«Con esta decisión, la UE refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de Venezuela, aplicando medidas degradantes, dañinas e injustas, que en este caso, pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley», reza el escrito.
A juicio de Caracas, estas restricciones «afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados», por lo que insta a los Veintisiete «a evitar las prácticas colonialistas» y, en cambio, «crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes».
Además de este comunicado, el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, también rechazó esta decisión de la UE:
«¿Qué se cree la UE? Arrogantes, no se dan cuenta de dónde están parados, nos siguen subestimando. Que nos sigan subestimando, que nos levantamos con más fuerza», expresó en rueda de prensa.
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