Los chilenos rechazaron el domingo en un plebiscito la propuesta de Constitución elaborada por un consejo dominado por la ultraderecha, con lo que seguirán bajo el marco normativo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet.
Escrutado los votos del 90,30% de las mesas, la opción «en contra» se impuso por un 55,76%, de acuerdo con Servicio Electoral (Servel).
Mientras, 44,24%, de los electores votó a favor de la iniciativa que pretendía endurecer el trato hacia la migracción irregular y abría la puerta a la revisión de la ley del aborto.
Por segunda vez en dos años, los chilenos rechazaron en las urnas una propuesta para reemplazar la Constitución vigente de la dictadura (1973-1990), reformada varias veces en democracia.
En septiembre de 2022, 62% de los chilenos reprobraron un proyecto de Constitución elaborado por una Asamblea Constituyente dominada por la izquierda, que proponía un texto con transformaciones profundas con el apoyo del gobierno de Gabriel Boric.
«Hoy día por segunda vez ha quedado ratificada la Constitución vigente en Chile, y es importante en eso ser coherentes con esta respuesta democrática que ha planteado nuestro país», dijo Javier Macaya, presidente del partido derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), promotor del texto rechazado en las urnas.
Chile se puso en el centro al rechazar las propuestas de los extremos, la última de ellas elaborada por un consejo dominado por el Partido Republicano, y que era todavía más conservador que la Carta Magna heredada de la dictadura.
Entre otros artículos, limitaba el rol del Estado en la economía de mercado y podría dar pie a revisar el derecho al aborto en tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre).
Además, endurecía el trato a los migrantes con la expulsión «en el menor tiempo posible» de quienes estuvieran en situación irregular.
«Hoy estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que más allá de cualquier resultado, fortalece nuestra democracia», afirmó más temprano el mandatario izquierdista Gabriel Boric, tras votar en su natal ciudad de Punta Arenas (3.000 km al sur de Santiago).
El proceso de cierra acá
Chile se sumió hace cuatro años en un proceso para cambiar su Constitución tras las masivas protestas sociales que estallaron en octubre de 2019 para exigir una mayor igualdad social.
El gobierno y los partidos políticos han asegurado que aquí termina por ahora la fase constitucional.
«Para tranquilidad de la gente, todos hemos entendido que también, sea cual sea el resultado, el proceso constituyente tal y como lo conocemos se cierra acá, al menos por los dos años restantes que nos quedan como gobierno y como parlamento», afirmó la vocera oficial del gobierno Camila Vallejo.
La votación se realizó sin mayores inconveniente, pero lejos de la efervescencia con la que se inició el proceso hace cuatro años, por el hartazgo de la población frente a dos procesos en que la clase política no pudo ponerse de acuerdo en un texto que generara mayoría.
«Hay poco ánimo, ya que es un proceso desgastante», dijo a la AFP Nicolás Mora, un informático de 29 años tras emitir su voto en Santiago.
«Es llamativo que esto esté pasado en Chile, un país en el contexto latinoamericano reconocido por una buena clase política, abierta, tolerante, de diálogo y siempre buscando acuerdos y consensos», plantea Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown.
Bachelet: mejor «malo» que «pésimo»
El aumento de los delitos violentos -que los chilenos asocian a la llegada de migrantes extranjeros, en su mayoritaria venezolanos- y una economía que no despega tras un fuerte ajuste destinado a contener la inflación, concentran ahora la atención de la población.
Cuatro años después de salir a las calles para reclamar mayor justicia social, los habitantes ahora quieren más policías, orden y seguridad.
«Es otro Chile. El país ha cambiado de manera dramática (…) y de cierta forma se ha vuelto un país más latinoamericano. Los chilenos se consideraron siempre como una excepción, un país más europeo y no como sus vecinos, y ahora se parecen un poco más a ellos», agrega Shifter.
Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y la escasa protección que establece de derechos sociales como salud, vivienda, pensiones y educación.
Pero frente a una propuesta todavía más conservadora, los partidos de la izquierda chilena llamaron a votar «en contra».
«Yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo», dijo este domingo la expresidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010/2014-2018).
AFP
