El gobierno de Nicolás Maduro anunció este jueves 15 de febrero su decisión de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela.
En un comunicado emitido por la Cancillería de la República, el Estado venezolano solicitó que el personal adscrito a esta oficina, un total de 13 trabajadores, abandone el país en las siguientes 72 horas.
Además, indicaron que realizaran una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días.
«Esta oficina ha sido utilizada e instrumentalizada como una caja de resonancia a nivel intertnacional para mantener un discurso en contra del gobierno bolivariano», afirmó en rueda de prensa el canciller Yván Gil.
La decisión del gobierno de Maduro se da luego de que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la desaparición forzada de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», afirmó Gil.
El canciller aseguró que la oficina de alto comisionado Volker Türk «ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para personas vinculadas en intentos de magnicidios, golpes de Estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía».
Gil reiteró su «voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, siempre sobre la base del diálogo genuino y en estricto apego a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, respeto a la soberanía y no injerencia en los asuntos internos».
El relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, también denunció ayer que el gobierno venezolano le impidió visitar centros de detención y que las autoridades cambiaron constantemente su agenda durante su visita de dos semanas al país, que concluyó el miércoles.
El Nacional
