El mandatario Nicolás Maduro celebró el arranque de la Gran Misión de Nueva Generación, Igualdad y Justicia Social, destinada a reducir los niveles de desigualdad que, según el chavismo, se han exacerbado como consecuencia de las sanciones económicas implementadas por Estados Unidos.
«El gran objetivo de la misión es superar la desigualdad que se ha creado por las sanciones económicas a lo largo de estos seis años, superar las heridas sociales que el pueblo tiene en nuestros barrios, en la comunidad», destacó.
Maduro hizo énfasis en este nuevo proyecto, durante el discurso que ofreció por un acto de graduación de Médicos Integrales Comunitarios, debido a que hizo oficial el lanzamiento de las Brigadas Territoriales de Acción, un bastión para los planes que pretende ejecutar el chavismo en el marco de esa misión.
«Van a ser el instrumento de poder organizativo de las comunidades de la Gran Misión de Nueva Generación, Igualdad y Justicia Social», insistió.
Las afirmaciones de Maduro son parcialmente certeras, puesto que, en efecto, se ha evidenciado un mayor nivel de desigualdad en los últimos años, especialmente desde que el chavismo modificó su política y liberalizó moderadamente la economía, permitiendo un mayor flujo de importaciones y la expansión de la dolarización de facto.
Estudios aplicados por consultoras económicas independientes indican que esta nueva dinámica económica vigente desde mediados de 2019 ha propiciado una mayor estabilidad para el diminuto porcentaje de venezolanos que promedia los mejores ingresos. La «base de la pirámide», los ciudadanos con peores ingresos individuales, por otra parte, empeoran sus condiciones de vida constantemente.
Así lo muestra un informe publicado por Anova en 2021, en pleno auge de esta dinámica, al señalar que el segmento de 10% de la población más adinerada mejoró su posición con respecto al desempeño de la economía, mientras que el 90% restante la empeoró. En otras palabras, al menos hasta el cierre de 2021, los ricos eran cada vez más pudientes, y los pobres pasaban cada vez más necesidad.
Si bien es cierto que Maduro habla de una realidad que debe ser atendida, sus propias políticas no apuntan a disminuir estas brechas. No en vano, ha mantenido el salario mínimo congelado desde el 15 de marzo de 2022, hace más de dos años.
La política salarial del chavismo mutó para depender de bonificaciones otorgadas a través del Sistema Patria, que no tienen incidencia alguna en pasivos laborales ni beneficios de ningún tipo, una práctica que llegó a fustigar Hugo Chávez durante su Gobierno, apuntando en aquel entonces a la denominada «IV República».
De igual manera, ha modificado su política fiscal en aras de incrementar la recaudación tributaria del Gobierno, no apuntando solo a los empresarios o a los más pudientes, sino cobrando impuestos a toda la población, como ocurre con el Impuesto Sobre las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), que pecha las transacciones en dólares a todos los venezolanos, incluyendo a los segmentos que perciben menores ingresos individuales.
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