Acarigua.- Autoridades de la Fundación de los Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) presentaron este jueves, 30 de mayo, el informe anual, en Caracas, en el que destacaron un incremento de las vulneraciones durante el año año pasado, en comparación con el 2022.
Roland García, presidente de la Organización No Gubernamental (ONG), destacó que en la quinta edición del informe anual 2023, abordaron la criminalización de la sociedad civil en la región los llanos que, junto al estado Táchira, registró un incremento de 67 % en las vulneraciones de derecho humanos durante el año 2023, con 599 casos que equivalen a 1,6 por día en esta zona.
Detalló que se registraron 198 vulneraciones al derecho a la integridad física, persecución y amenazas, así como 105 a la libertad personal, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y retenciones, más 38 casos contra la participación ciudadana.
La ONG contabiliza 94 vulneraciones al derecho a la manifestación pacífica, por medio de la intimidación y persecución, además de 88 a la libertad de reunión y asociación, empleando en un 167 % la política de criminalización de la sociedad civil (gremios, sindicatos, fundaciones y movimientos de DDHH), estigmatización, intimidación y persecución.
García exhortó al Estado venezolano, principalmente a las autoridades de la región de los llanos y los andes, a cesar de forma inmediata la política de criminalización de la labor de los defensores, activistas y trabajadores humanitarios, respetar el derecho a la libertad personal y que se les dé libertad plena a los ciudadanos y miembros de la sociedad civil que han sido procesados.
Labor periodística
Según lo reflejado en el informe, hubo un total de 74 hechos de vulneraciones al derecho a la libertad de expresión, con el cierre de programas de radios y emisoras independientes y críticas al Gobierno, aunado a la intimidación a periodistas y trabajadores de la prensa.
Fundehullan instó al Ejecutivo nacional a garantizar la labor periodística y promover el derecho a la libertad de expresión y el espacio de opinión pública de los ciudadanos, consagrado en el artículo 68 de la Constitución Nacional y el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Al pedir que se garantice a la ciudadanía el derecho a la manifestación pacífica, amparado en el artículo 68 de Carta Magna, Fundehullan también insistió en la necesidad de generar mecanismos que procuren e impulsen la protección de las personas y organizaciones que brindan respuestas y acompañamiento a las víctimas de la “emergencia humanitaria compleja que padece la región”. (CNP 13.114)
Con información de Fundehullan
