Acarigua.- José Luis González, preso por razones políticas desde julio de 2024, sigue detenido pese a contar con orden de liberación y respaldo de la Ley de Amnistía; su salud física y mental se deteriora mientras el Estado no corrige el error administrativo.
González está detenido desde el 28 de julio de 2024, en el Destacamento 312 de la Guardia Nacional en Araure. A pesar de contar con una orden de excarcelación emitida el 24 de febrero de este año, no ha sido liberado, informó el Foro Penal, capítulo Portuguesa.
La demora se debe a un error administrativo del tribunal de la causa, que envió la boleta de liberación a un centro de reclusión distinto al que González permanece detenido.
González, de 61 años, era maratonista y trabajaba como soldador para sostener a sus padres, de 83 y 89 años. Fue el primer detenido de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras un altercado registrado en el preescolar del barrio La Romana de Araure.
Ese día se produjo un enfrentamiento entre funcionarios del Plan República y electores, que quedó registrado en videos que circularon en redes sociales; González salió a la calle para observar la situación y fue detenido al intentar resguardarse.
Pocos días después, sin que se le permitiera la designación de un abogado privado, lo imputaron por presuntos delitos de terrorismo, instigación al odio, robo agravado en grado de frustración, lesiones personales y resistencia a la autoridad. González no posee antecedentes penales y es una persona apreciada en su localidad, reiteró su familia.
“La responsabilidad es del Estado, porque ya le fue otorgada su excarcelación. No se ejecuta por causas imputables al tribunal, que es el que debe saber cuál es el sitio de reclusión de su preso”, indicó José Torres Leal, abogado y coordinador de Foro Penal en Portuguesa.
El caso ha generado conmoción entre la población de Acarigua-Araure y las organizaciones de derechos humanos, ya que González lleva 17 días con excarcelación pendiente.
Su liberación está respaldada por la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, que contempla la liberación de presos políticos y el cese de persecución por motivos políticos. A pesar de ello, la negligencia del tribunal mantiene a González privado de libertad, un hecho calificado como inadmisible y contrario a la legislación, por el Foro Penal y sus familiares.
Durante el año y ocho meses de encierro, la salud de González se ha deteriorado significativamente. Familiares reportan complicaciones de tensión arterial, desmayos recurrentes, dolores corporales, afecciones respiratorias, antecedentes de tuberculosis, inflamación prostática, dolor abdominal, cefaleas, mareos y vértigo. Además, presenta afectaciones en su salud mental, incluyendo ataques de pánico, pérdida de memoria y síntomas depresivos.
Sus familiares realizan diligencias en Caracas para que la excarcelación se haga efectiva de manera inmediata. La organización de derechos humanos insiste en que el retraso es consecuencia directa de la negligencia del tribunal, y destacan que cada día de demora agrava los riesgos para su salud y vulnera su derecho a la libertad.
El caso de José Luis González pone en evidencia la falta de eficiencia y coordinación de los tribunales venezolanos en la ejecución de las excarcelaciones producidas desde el 8 de enero, tras el anuncio de liberación de presos políticos, realizado por la Asamblea Nacional. (CNP 25.482)
