Acarigua.- Padres y representantes del Colegio San Vicente de Paúl, ubicado en Acarigua, acordaron en asamblea este jueves, 23 de enero, denunciar ante el Ministerio Público a la actual junta administradora, por presuntamente incurrir en «estafa continuada con multiplicidad de víctimas».
En horas de la mañana, los padres y representantes sostuvieron una asamblea en la entrada de la institución educativa, en la cual contaron con la asistencia de los representantes de la Sociedad Educativa Paulina y de la Defensoría del Pueblo, para hablar de «las dudas sobre la situación jurídica que presenta actualmente el colegio».
María Cristina Jara, conjuntamente con Juan Uzcanga, representantes afectados, rechazó el atropello del que —aseguró— fueron objeto en la mañana de este jueves, al no permitirles el acceso al plantel para la reunión donde la junta administradora estaba convocada, para dar respuestas a las interrogantes que tienen como parte de la comunidad educativa.
Jara también destacó que decidieron llevar este caso a la Fiscalía Décima, por considerar que se está incumpliendo el contrato de año escolar 2024-2025, por cuanto «hay ofrecimientos falsos» y «no tienen la cualidad legal para impartir educación».
Indicó que en su registro la figura jurídica de “San Vicente de Paul Acarigua», en su objeto no prevé impartir educación, lo que va en perjuicio de más de 800 jóvenes que pertenecen a los diferentes niveles educativos en la institución.
Asimismo, dijo que a pesar de que la convocatoria de este jueves le fue notificada a la junta administradora, la Zona Educativa, el Consejo de Protección del Niño, Niña y adolescente (Cpnna) y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), la representación de estos organismos no llegó a la reunión.
La representante señaló que desde septiembre de 2024, vienen revisando y documentándose sobre la situación legal de la institución educativa, que ya tiene más de 60 años de existencia.
Según Jara, quienes están al frente de la parte administrativa activa, no cuentan con el código que el Ministerio para la Educación otorga para la prosecución de los estudios de los alumnos, sino la Sociedad Educativa Paulina, con la que llevan un proceso jurídico por incumplimiento de contrato de arrendamiento.
También señaló que a pesar de que hay una sentencia donde el ministerio nombró un director por parte de la comisión Adhoc para atender este caso, profesor Freddy Martínez, la administración —que según ellos tiene «secuestrado el colegio»— no le ha permitido ejercer sus funciones.
La vocera sostuvo que es la Sociedad Paulina la que aparece como dueña ante el Ministerio de Educación y tiene las facultades para la legalización de los estudios de los jóvenes.
Los representantes señalaron que continuarán haciendo las diligencias pertinentes hasta lograr el esclarecimiento jurídico del caso, el cual atenta contra la tranquilidad de los padres, representantes y estudiantes. (CNP 13.114)
