Acarigua.- A casi 16 meses de su detención, el abogado Gian Franco De Simone, de 53 años, permanece privado de libertad en la Comandancia General de la Policía del estado Portuguesa, en Guanare, en un caso que sus familiares califican como una represalia por el ejercicio de su profesión y una muestra más de violaciones al debido proceso en Venezuela.
De Simone es un preso político más. Con unos 20 años en el ejercicio del Derecho y profesor de pregrado y postgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro, núcleo Araure, fue detenido en Acarigua y trasladado inmediatamente a Guanare, donde se desarrolla el juicio en su contra ante el Tribunal Tercero de Juicio.
Le imputaron incitación al odio como delito principal, además de agavillamiento y presunta corrupción derivada de un “vaciado de teléfono” por retraso u omisión de funciones. No obstante, familiares y allegados subrayan que De Simone no es funcionario público ni mantenía relación directa con fiscales o jueces que pudiera sustentar ese señalamiento.
Gian Franco también es profesor universitario y padre de familia
Su defensa introdujo recientemente una solicitud de amnistía ante el tribunal que conoce la causa, pero fue declarada improcedente. El proceso se encuentra actualmente en fase de juicio.
Los hechos que dieron origen al caso iniciaron con una investigación de junio de 2024, relacionada con un video difundido por un creador de contenido en redes sociales, identificado como “gollotours”, conocido por publicar denuncias y críticas contra autoridades regionales y nacionales. En dicho material, por ningún lado se hace mención a De Simone.
Según la versión familiar, posteriormente, el creador de contenido, utilizó material grabado previamente por De Simone y compartido en un grupo privado de WhatsApp de abogados. En ese audiovisual, De Simone denunciaba presuntas irregularidades ocurridas durante una inspección judicial realizada el 30 de octubre de 2024 en un terreno en el centro de Acarigua, frente al supermercado Girasol.
Durante ese procedimiento, solicitado por una de las partes, el abogado ejerció oposición en defensa de su cliente. Allí se produjo un impasse con la jueza actuante, quien posteriormente lo denunció por violencia de género, delito que fue desestimado en el proceso en su contra.
Sin embargo, el 13 de noviembre de 2024, un tribunal de Guanare emitió orden de captura en su contra. Esos hechos fueron acumulados a una investigación previa, pese a que —según sus allegados— no guardaban relación entre sí.
Patrullaje cibernético y cuestionamientos
La vinculación del abogado con el video se habría producido mediante lo que las autoridades denominan “patrullaje cibernético”, una práctica de vigilancia digital que incluye monitoreo de redes sociales y revisión de dispositivos electrónicos, y que ha derivado en múltiples detenciones en el país.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que este tipo de prácticas puede vulnerar garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la defensa.
Incluso, la defensa de De Simone solicitó desde el inicio del proceso una medida cautelar sustitutiva de libertad ante el tribunal de control. Asimismo, pidió la nulidad de experticias y actas de investigación por presunta violación del secreto de las comunicaciones, del debido proceso y de la presunción de inocencia, además de la aplicación indebida de la Ley contra el Odio.
Según la defensa, el abogado no posee redes sociales —ni Instagram ni Facebook ni TikTok—, lo cual estaría acreditado mediante una experticia técnica practicada por el Cicpc.
Añadieron que en los videos presentados como prueba no se evidencia violencia alguna y que, durante el debate oral, no se logró acreditar el envío de mensajes de odio de ninguna especie.
Denuncias de trato cruel
El caso adquiere mayor gravedad por las denuncias de tratos crueles e inhumanos. Su hijo, Gian Pietro De Simone Montaggioni, hizo público el caso a través de un video difundido en redes sociales, donde afirmó que su padre fue sometido a descargas eléctricas a nivel pectoral por funcionarios policiales, estando ya privado de libertad.
Según su testimonio, tras esos hechos el abogado sufrió dos infartos y permaneció diez días hospitalizado en Guanare para su estabilización. A pesar de su delicado estado de salud, durante su hospitalización se realizó una audiencia del proceso judicial.
“Mi padre no cometió ningún delito. Solo estaba ejerciendo su carrera como abogado, denunciando —presuntas— irregularidades e ilegalidades cometidas por funcionarios judiciales del estado Portuguesa”, expresó su hijo en el video, donde además solicitó la revisión del caso y la aplicación de la Ley de Amnistía.
Señalamientos de violaciones al debido proceso
Familiares sostienen que el expediente está marcado por irregularidades procesales, acumulación de hechos sin conexión y criminalización del ejercicio profesional. Subrayan que De Simone realizó denuncias ante la inspectoría regional y nacional de tribunales, lo que —aseguran— habría generado represalias.
El abogado es, además, sostén económico de su familia, incluyendo a sus padres de avanzada edad.
El caso de Gian Franco De Simone se suma a otras denuncias en el país donde abogados, activistas y ciudadanos han sido procesados por delitos como incitación al odio, en contextos vinculados a expresiones críticas o actuaciones en el marco del ejercicio profesional.
Mientras su defensa insiste en la aplicación de la amnistía y en la revisión del proceso, su familia sostiene una premisa clara: ejercer el derecho en Venezuela no puede convertirse en delito. (CNP 25.482)
