La justicia federal de Argentina aceptó a la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ, por sus siglas en inglés) y a un grupo de familiares de víctimas como demandantes dentro de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Así lo informó la fundación en su cuenta en la red social X (antes Twitter). «Esto le otorga a la Fundación Clooney para la Justicia facultades en esta investigación, permitiéndonos aportar pruebas, presentar testigos, impugnar decisiones, entre otras cosas. No escatimaremos esfuerzos para hacer justicia a las familias de las víctimas y hacer que los perpetradores rindan cuentas».
La organización reiteró que la evidencia presentada en Argentina muestra que las fuerzas de seguridad venezolanas son potencialmente responsables de asesinatos, torturas, violencia sexual y detenciones arbitrarias contra opositores o personas percibidas como tal, en el marco de protestas antigubernamentales desde 2014.
El equipo de expediente del CFJ representa a los familiares de dos víctimas de violencia y asesinatos en Venezuela. La investigación, que adelanta el fiscal federal argentino Carlos Stornelli, se hace bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a un país –en este caso la Argentina– procesar denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad y juzgarlos independientemente de la nacionalidad de las víctimas y los responsables.
La jurisdicción universal es independiente y complementaria de la Corte Penal Internacional, que también adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos en Venezuela.
«El sistema de justicia venezolano le está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia», dijo en junio Yasmine Chubin, directora de Defensa Legal del CFJ. «Por eso ayudamos a los supervivientes y a sus familias a reunir pruebas de los crímenes cometidos contra ellos y a buscar jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de esos crímenes rindan cuentas».
TalCual
