Siguiendo la ruta del dinero ilegal, hace tres semanas la Policía de Investigaciones (PDI) capturó a 52 personas, miembros del ala económica del Tren de Aragua en el país, acusados de lavar ganancias por un total de USD 13.5 millones ($12.700 millones de pesos) mediante transferencias bancarias al extranjero y criptomonedas.
La investigación, que partió tras la caída de la célula “Tren del Mar” en la región de Valparaíso, se desarrolló por más de un año y permitió allanar 55 casas en las regiones Metropolitana, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’Higgins y Bío Bío. De los 52 detenidos, 45 son extranjeros, 29 de ellos con sus papeles migratorios al día y 16 en situación irregular.
Según explicó Eduardo Cerna, director de la PDI, la facción dedicada a blanquear los dineros ilícitos utilizaba “palos bancos” con residencia en el país, quienes depositaban las ganancias de la organización en diversos bancos para luego convertirlas en criptomonedas o enviarlas mediante transferencias bancarias a Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Paraguay, México, España y Argentina.
“Estamos dando un golpe directo al patrimonio de estas organizaciones criminales, lo que evidencia que es posible desarticularlas mediante un trabajo articulado y minucioso entre la PDI, el Ministerio Público y el ecosistema de seguridad”, señaló Cerna en dicha oportunidad.
El jefe de la policía civil celebró el golpe “histórico” y detalló que “estas personas eran testaferros: comúnmente, son personas de origen venezolano que ingresan a Chile y buscan regularizarse, por lo que obtienen cuentas bancarias y así hay una fuga de estos dineros que el Tren de Aragua desea que se envíen afuera”, agregó Cerna.
“Así se crean distintas empresas intermediarias que registran múltiples giros. Se detectó una principal fuga de cambio de criptodivisas”, cerró.
La falla
Sin embargo, un reportaje del medio de investigación Ciper acaba de revelar una preocupante falla en el sistema de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), puesto que ningún banco alertó sobre estas transacciones, las que comenzaron a realizarse en 2020 a través de al menos 14 sociedades fantasmas que ya están -aunque tarde-, siendo investigadas.
Un contador chileno ligado a decenas de empresas con socios principalmente venezolanos aparece como figura clave, así como su pareja, también contadora y oriunda de ese país. Es más: varias de ellas fueron inscritas con apenas un minuto de diferencia gracias al programa “Tu Empresa en un Día”, y muchas tenían el mismo domicilio legal.
Entre los detenidos se encuentra un ciudadano también venezolano señalado por extorsión -que aparece ligado a tres de estas empresas fachada-, y una mujer titular de una cuenta bancaria desde la que se retiraron dineros para pagar varias fianzas de imputados por secuestros ligados al Tren de Aragua.
La investigación arrojó que desde estas 14 empresas fachada -con rubros como alimentación, casas de cambio, juegos de azar en línea y transporte de carga-, se realizaron cientos de transferencias, dineros que fueron retirados con tarjetas bancarias chilenas en una ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.
Dichas transferencias se hacían en montos pequeños y luego se convertían en criptomonedas, mientras que las cuentas desde las cuales se emitían se cerraban con celeridad, evitando las sospechas de las entidades bancarias y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Y aunque los bancos involucrados cerraron por orden judicial todas la cuentas investigadas -unas 800- un día antes del megaoperativo que permitió la captura de los 52 detenidos hasta ahora, dicha coordinación activó las alarmas de la red.
Cabe destacar que hace solo unos días, el director de la UAF, Carlos Pavez Tolosa, admitió en conversación con CNN que solo “alrededor del 2% o 3% de los activos que mueve el crimen organizado se logran extraer o restituir”.
Infobae
