Acarigua.- La Federación Nacional de Transporte en el estado Portuguesa, fue convocada este 15 de agosto a una reunión con el viceministro de Transporte Terrestre, Claudio Farías; el diputado a la Asamblea Nacional, Eloy Sulbaran, los representantes del Banco Bicentenario y, por la gobernación de Portuguesa, Amarilis Pérez.
Así lo señaló Germán Pérez, líder de los trabajadores del volante en el estado, añadiendo que les fue presentada una propuesta para la adquisición de insumos, que fue rechazada por no considerarla beneficiosa, ya que los precios son los mismos del comercio.
Su exposición de motivos -explicó- se basó en cinco problemas principales, iniciando por la invasión de las rutas por choferes no legalizados, desde Portuguesa hacia Lara, Carabobo, Cojedes, Turén y Guanare.
«Para colmo de males, hemos detectado que las autoridades están de manos atadas, porque estas unidades que se prestan para la «piratería» son propiedad de funcionarios activos de los cuerpos de seguridad y organismos oficiales, y no pueden sancionarlos ni detenerlos. Por eso, hemos pedido al viceministro que se paralicen las nuevas concesiones de ruta y se revisen las otorgadas en los últimos dos años, porque consideramos que la mayoría no cumple con los requisitos para prestar el servicio», indicó.
Como segunda punto, Pérez señaló el atraso en el establecimiento de tarifas, puesto que la Gaceta Oficial tiene más de 20 meses que se publicó, generando una “anarquía” en el costo del pasaje en todo el pais, hecho que les impide sostener los costos operativos.
Solicitaron a las autoridades, además, anclar al petro las tarifas de la compra de insumos y repuestos, porque existe una clara especulación en dólares.
Asimismo, pidieron que cuando se apruebe la tarifa urbana, se eliminen dentro de la Gaceta Oficial los exhortos y se devuelva a la Alcaldía las atribuciones en materia de transporte urbano, porque es una acción que viola flagrantemente la Ley Orgánica del Poder Municipal y no se puede igualar la tarifa porque la movilidad en las distintas ciudades se comporta de diferente manera, explicó.
Otra de sus peticiones fue la inclusión oficial de Fedetransporte en el organismo nacional, porque se les ha negado la asignación de combustible de manera injusta y, aunque lo han denunciado reiteradamente, ésta se sigue haciendo de manera “caprichosa” y “desigual”.
«A pesar de que se ha logrado algunas detenciones, se mantiene la corrupción y las mafias en algunas estaciones de servicios que se dedican a mal utulizar y desviar el combustible subsidiado que les llega», enfatizó.
Como quinto punto, pidieron que se les permita revisar la memoria y cuenta, validar su derecho al voto y elegir la nueva directiva en la Asociación Civil Línea Páez, que tiene un atraso de cinco años.
«Es necesario elegir nuevas autoridades y aceptar nuevos afiliados. Se ha pretendido vender el derecho a la ruta, hasta por 1.500 dolares, siendo ésta una concesión del estado, algo totalmente arbitrario porque el derecho al trabajo es un derecho garantizado en nuestra Carta Magna», finalizó. (CNP 16.100)