Reporteros Sin Fronteras y organizaciones aliadas de defensa del derecho a la libertad de expresión presentaron el informe “Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela”, en el que dan cuenta cómo se recrudecieron los ataques a los trabajadores y trabajadoras de la prensa antes y después de las presidenciales del 28 de julio.
Las organizaciones destacaron lo que definieron como «cifras alarmantes» en el periodo que abarca el 1 de julio y el pasado 28 de agosto, un mes después de los comicios y de la represión poselectoral ante el desconocimiento de los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estos números dan cuenta de:
– 228 violaciones a la libertad de prensa.
-62 agresiones físicas y verbales contra la prensa.
-11 periodistas extranjeros detenidos arbitrariamente y expulsados.
-Al menos 8 periodistas siguen encarcelados arbitrariamente.
-Bloqueo de al menos 29 sitios web de medios de comunicación y organizaciones de prensa.
-45 casos de discursos estigmatizadores contra la prensa.
-10 medios de comunicación y agencias de prensa fueron blanco de estos discursos.
«La prensa venezolana vive bajo el miedo y el riesgo constantes. El gobierno de ha aislado intencionadamente al país, silenciando duramente a los periodistas locales y expulsando o restringiendo el acceso a los profesionales de los medios extranjeros. Exigimos la liberación inmediata de los ocho periodistas que fueron detenidos arbitrariamente mientras cubrían el proceso electoral, y pedimos a la comunidad internacional que presione al gobierno venezolano para que garantice la libertad de prensa y los derechos de los periodistas», dijo Reporteros Sin Fronteras en su sitio web.
Citan el cierre de más de 400 medios de comunicación en el país con el chavismo en el poder, así como el «clima de intimidación, miedo y censura entre la prensa», que se presenta desde el año 1999 cuando el fallecido Hugo Chávez Frías asumió la presidencia venezolana, pero que se agravó con su sucesor Nicolás Maduro.
Qué pasó después del 28J con la prensa en Venezuela
Definieron el lapso que va antes, durante y después de las presidenciales en lo que llamaron la «Misión de Observación Internacional sobre Libertad de Prensa en Venezuela».
La conformaron Freedom House, Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Committee to Protect Journalists (CPJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), Free Press Unlimited (FPU), Voces del Sur y el apoyo de la red IFEXALC.
«La Misión buscó obtener información oficial de parte del gobierno sobre el arresto de al menos ocho periodistas desde el 28 de julio; el cierre de 345 medios de comunicación entre 2013 y 2024; el bloqueo para acceso web de al menos 30 portales informativos y de organizaciones no gubernamentales en el marco de las elecciones de 2024; y la anulación de pasaportes a periodistas desde el día 28 de julio de 2024».
Aunque enviaron una solicitud oficial al Ministerio de Comunicación e Información para ello, al momento de publicar el documento no obtuvieron respuesta de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro.
Sobre las detenciones de periodistas en el contexto electoral recordaron que aún continúan tras las rejas y bajo acusaciones de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y resistencia a la autoridad.
«Varias de estas detenciones presentaron múltiples irregularidades, como arrestos sin imputación de cargos o la celebración de audiencias sin respetar el debido proceso. Esto ha provocado que, previo a la investigación de los delitos, los capturados sean prematuramente sentenciados a 45 días de prisión. A pesar de que para algunos este plazo se ha vencido, todavía siguen en prisión. Así mismo, a muchos se les ha negado la asistencia de abogados privados y de confianza. Esto sin mencionar que el paradero exacto de algunos de los periodistas es incierto. Mientras tanto, se les mantiene incomunicados y su estado de salud permanece reservado», explicaron.
Entre los periodistas presos mencionaron a Luis López (reportero/La Guaira); Yuosnel Alvarado (fotoperiodista/Barinas); Paúl León (camóragro/Trujillo); Deysi Peña (fotoperiodista/Miranda); José Gregorio Camero (productor y presentador/Guárico), Eleángel Navas (fotógrafo y community manager/ Anzoátegui); Gilberto Reina (reportero/Bolívar) y Ana Carolina Guaita (reportera/La Guaira).
Anulación de pasaportes y salud mental
Reportero Sin Fronteras citó cifras de Ipys Venezuela sobre las 228 violaciones, de las que 49 de ellas se trataron de actos de amedrentamiento y criminalización contra los trabajadores y trabajadoras de la prensa.
«Es decir hechos que buscaban infundir miedo o ejercer alguna presión sobre los periodistas, ya sea a través de amenazas directas o señalamientos criminales. De esos 49 casos, en 29 ocasiones el victimario fue estatal».
El documento recopiló testimonios de periodistas que dijeron que algunos renunciaron a cargos de dirección en medios por los altos riesgos que se corren actualmente en Venezuela para ejercer su labor.
Además de la anulación de pasaportes, aunque sobre este tema indicaron que no hubo criterios ni siguieron un patrón específico, porque también afectó a políticos y activistas de derechos humanos e incluso a migrantes venezolanos.
«Esta estrategia responde a una práctica de intimidación y restricción contra la movilidad de la ciudadanía, la prensa incluida», mencionó Reporteros Sin Fronteras.
El informe también habló de la salud mental de las personas periodistas venezolanas.
«Lidiar con las constantes presiones de parte del gobierno y los cubrimientos propios de un clima electoral volátil, han erosionado las capacidades de muchos de los trabajadores del gremio», advirtieron.
Efecto Cocuyo
