Acarigua.- Las ciudades de Acarigua y Araure se sumaron a la jornada de protesta nacional por reivindicaciones salariales y repudio al estancamiento del sueldo mínimo durante los últimos años. También fue un reclamo de la ciudadanía el deterioro de los servicios básicos, factores que —según los manifestantes— afectan directamente la calidad de vida.
Trabajadores activos, jubilados, docentes y empleados de la administración pública marcharon en Acarigua desde el bulevar San Roque hasta la plaza Bolívar, acompañados por un contingente de la Policía del estado que resguardó el orden público durante la movilización.
Los trabajadores partieron desde el boulevard San Roque
Los manifestantes, en su mayoría docentes y adultos mayores, exigieron un aumento de salario real y no bonificación, en referencia al anuncio hecho por la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre una posible revisión salarial que entraría en vigencia desde mayo.
“Otra vez nos aumentaron la arrechera, las esperanzas y la espera. Después que se generó tantas expectativas sobre el aumento salarial, no se dijo absolutamente nada (…) Así será ese aumento tan miserable que ni siquiera quiso anunciar montos. Debemos ratificar que la lucha continúa: ni nos cansamos ni nos rendimos”, expresó Pablo Rangel, presidente regional de la Federación Venezolana de Maestros.
Rangel agregó que desde distintos sectores “se manejan cifras que, como siempre, terminan siendo negativas para los trabajadores”, al tiempo que insistió en que cualquier ajuste salarial debe cubrir la canasta básica, incluyendo servicios, salud, alimentación y vestimenta.
Fallas eléctricas
Como parte de la jornada, los trabajadores también se concentraron frente a la sede de Corpoelec en Acarigua, donde denunciaron las fallas en el servicio eléctrico y el impacto económico que representa para los trabajadores que no tienen cómo reponer lo que se les daña.
Por los servicios básicos protestaron frente a Corpoelec
“Se queman los aparatos, se daña la comida, dormimos mal y se afecta la vida en nuestros hogares. Y cuando regresa la luz, pareciera que se olvida lo ocurrido. Además, es un servicio muy costoso. Están cobrando tarifas que superan el salario mínimo. Un trabajador gana 130 bolívares y paga entre 900 y 1.200 bolívares por electricidad, y esas deudas se acumulan, perjudicando aún más a los venezolanos”, señaló.
Amnistía laboral
Por su parte, Iván Bravo, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Site), rechazó el planteamiento de un “aumento responsable” por parte del Ejecutivo.
“Si el Gobierno es responsable, debe decirle la verdad al país y reconocer que tiene más de cuatro años sin aumentar el salario. El artículo 91 de la Constitución establece el concepto de salario, no de ingreso. Además, debe eliminar el memorándum 2792, que desmejoró beneficios contractuales, reactivar las convenciones colectivas y retomar su discusión, paralizada desde hace seis años”, afirmó.
Asimismo, planteó nuevamente la necesidad de “decretar una ley de amnistía laboral para los trabajadores que se vieron obligados a abandonar sus cargos debido a la crisis económica y la imposibilidad de subsistir con sus ingresos”.
Fuera de servicio
Desde el sector transporte, Alberto Rojas advirtió sobre el deterioro progresivo del servicio.
“Dentro de poco tiempo no vamos a tener cómo movilizarnos, no porque los usuarios no puedan pagar, sino porque no habrá unidades operativas”, dijo
Destacó que muchas unidades están dañadas y fuera de servicio. “El gobierno utiliza los Yutong en actividades distintas. El transportista no tiene cómo mantener una unidad en estas condiciones”, expresó.
Por Mariangel Moro Colmenárez (CNP 25.482)
