Acarigua.- El apoderado judicial de la junta directiva de la Sociedad Mercantil, Colegio San Vicente de Paúl Acarigua C.A., Alexander González Vizcaya, aclaró por medio de un comunicado que actualmente existen medidas cautelares emitidas por diferentes despachos, para garantizar la educación de los más de 1126 estudiantes de esta institución privada.
González Vizcaya respondió a las declaraciones emitidas por María Cristina Jara, representante del Colegio San Vicente de Paúl, quien solicitó ante el Ministerio Público en Acarigua, el pasado 12 de febrero, “celeridad a la denuncia de presunta estafa agravada con multiplicidad de víctimas” introducida hace más de quince días.
El jurista rechazó “el falso positivo”, “toda vez que no existe por parte de padres, madres y representantes ninguna denuncia por este delito».
Parte del comunicado entregado a Portuguesa Reporta
Indicó que, actualmente, se dirimen en los tribunales varios procesos judiciales y que cuentan con medidas emitidas por diferentes despachos, como el Tribunal Constitucional por Acción de Amparo, Tribunal Superior Contencioso Administrativo-Guanare y Tribunal Civil-Acarigua, para garantizar “todos los derechos educativos, colectivos y difusos” a los alumnos de inicial, primaria y media general.
Aclaró que cuentan con el código de funcionamiento A1334D1808 y que la Sociedad Mercantil encargada de la gerencia y administración, lleva más de cincuenta años garantizando de manera ininterrumpida la educación de los jóvenes que allí pertenecen.
El apoderado judicial señaló que la representante María Cristina Jara conoce las acciones judiciales ejercidas por la Sociedad Mercantil contra la Sociedad de Educación Paulina Caracas y contra el Centro Regional para el Desarrollo por la Calidad Educativa del estado Portuguesa-Guanare, con ocasión a “arbitrariedades y abuso de poder cometido en contra del plantel educativo privado”.
En el comunicado, señaló que Jara, haciendo “caso omiso” a tal situación, “profundizó acciones temerarias contra la Sociedad Mercantil”.
Afirmó que “adoptando posiciones malintencionadas y radicales”, con el fin de realizar “acciones ilegales y difamatorias” en contra de la firma mercantil que representa, lo que busca es generar conflictos, caos y zozobra.
Asimismo, el abogado señaló que estas medidas cautelares se encuentran protegidas por la confidencialidad, lo cual también “vulneró” la representante y consideró sus declaraciones “carentes de toda prueba y fundamentos jurídicos serios”, razones por las que se reservan las acciones legales a ejercer. (CNP 13.114)
