Acarigua.- Un deterioro notable en la infraestructura, que se percibe en techos rotos, filtraciones, baños fuera de servicio, ventanas y puertas rotas, se mantiene e intensifica en la Universidad Politécnica Territorial de Portuguesa (UPTP) «JJ Montilla», casa de estudios que por varios años no ha recibido suficientes recursos para su mantenimiento.
«El Estado venezolano mantiene una deuda social con la universidad, al permitir que su infraestructura se esté desmejorando, dejando a un lado también la atención y beneficios del sector estudiantil como lo son el transporte y el comedor», denunció José Luis Rosendo, miembro del personal docente y presidente del Sindicato de Profesores del Iutep (Supraiutep).
El Estado -aseguró- ha dejado de hacer esa inversión y ha ocasionado un franco deterioro de la infraestructura, la cual poco a poco el personal de servicio ha estado tratando de recuperar pero sin recursos mínimos se hace cuesta arriba, puesto que los niveles de inversión son altos para el sistema de electricidad y aguas servidas.
El profesor mencionó que los aires acondicionados de las aulas fueron desvalijados, producto de la falta de recursos para la contratación de vigilancia.
«El Estado tiene como 5 años que vino mermando el envío de recursos. Ahorita han empezado a enviar alguna partida para el funcionamiento pero con los montos que envían y el nivel de daño que hay es poco lo que se puede hacer», dijo.
Retraso
El profesor afirmó que hasta la fecha, no ha sido cancelado el bono vacacional y bono recreacional, pago que debieron recibir unos 500 trabajadores tanto jubilados como activos, el pasado 15 de julio.
«Existe un gran descontento en todos los trabajadores y lo más lamentable es que no se tenga una versión oficial del patrono, ni cuándo, ni cómo y qué monto va a cancelar. Primera vez en la historia universitaria que ocurre esta muy mala experiencia», lamentó.
Asimismo, hizo un llamado al Consejo Universitario para que atienda y procese las jubilaciones y pensiones de sobrevivientes del personal docente, que han sido diferidas sin ningún argumento válido, «ocasionando un daño a los trabajadores que ya cumplieron con los debidos requisitos». (CNP 18.050)
