Acarigua.- Cada inicio de año se convierte en una mortificación para los jubilados y pensionados venezolanos, porque llega el momento de demostrar a las instituciones que aún están vivos.
Si solo se tratara de firmar la fe de vida y constatar el registro a través del Consejo Nacional Electoral o de los municipios donde se expide el acta de defunción, se disminuiría el complicado proceso al que someten año tras año a quienes menos se pueden movilizar para presentarse ante las autoridades respectivas.
El departamento de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Portuguesa, hizo llegar nuevamente a los jubilados, pensionados y discapacitados, una circular donde se les indica que deben acudir personalmente del 06 al 09 de febrero de 2023 a Guanare y presentar la cédula de identidad laminada. En en caso de no poder por enfermedad, presentar informe médico junto a la fe de vida emitida por la Alcaldía y, si se trata de un hijo mayor de 18 años heredero de pensión de sobreviviente, presentar constancia de estudios actualizada.
Así lo dió a conocer la abogada y gremialista Irma Mendoza, explicando que es una petición innecesaria puesto que el Estado tiene medios para comprobar su existencia, amparados en la sentencia No. 292 del 03 de mayo de 2016 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, según la cual «recaerá la carga de la prueba en quien se encuentre en mejor condición de aportarla con el objeto de lograr una verdad objetiva», que en este caso es la Gobernación del estado.
«Desde la gestión de la gobernadora Antonia Muñoz, acompañados por abogados de la Defensoría del Pueblo, elevamos nuestra protesta a ese requisito que el Gobierno puede anular, tomando en consideración nuestras limitaciones, para que no estemos permanentemente entregando documentos. Durante esta administración logramos municipalizarlos sin trasladarnos, igualmente ocurrió con Wilmar Castro y Rafael Calles, quienes también cedieron a nuestra petición, porque se hacen largas cola y no hay sillas para los discapacitados”, dijo.
«Una vez más nos piden que vayamos a Guanare a justificar la existencia. Ya nosotros cumplimos nuestro período laboral. Por eso, rechazamos esta petición de documentos probatorios, tomando en cuenta que cuando viene un proceso electoral no lo solicitan, pero sí los llevar a votar. Además, el pasaje para Guanare está alrededor de 12 dólares y nuestro salario está por debajo de esa cantidad, los enfermos y discapacitados requieren 60 dólares para poder obtener un informe médico y tampoco los tenemos, y es inhumano que se les solicite que se trasladen si apenas tienen para los medicamentos», señaló la gremialista.
Este viernes 27 de enero, los gremios que agrupan a los jubilados y pensionados se han organizado para ir a hasta el Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía de Derechos Fundamentales, e introducir un documento donde solicitan que se anule este requerimiento, tomando en cuenta los aspectos analizados y, sobre todo, amparados en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que es de obligatorio cumplimiento. (CNP 16.100)
