Un cabo primero de la Policía Nacional del Ecuador entrenaba a menores de edad para que se convirtieran en sicarios, según reveló una investigación conjunta de los medios GK y Plan V, publicada el 7 de abril de 2025.
Wellington Bladimir Anchundia Ramírez, de 33 años, fue detenido en diciembre de 2024 en Jipijapa, Manabí, después de que en el teléfono celular de un adolescente se encontrara un video que lo mostraba enseñando a disparar con lo que sería su arma de dotación.
El caso iba a marcar un precedente en el país. Por primera vez, un agente policial sería procesado por el delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para actos delictivos, conforme al Código Penal ecuatoriano. Sin embargo, en marzo de 2025, la Fiscalía reformuló los cargos y lo procesó por asociación ilícita, un cambio que, según se explica en la investigación de GK y Plan V, diluye la posibilidad de juzgar al policía por el reclutamiento y formación de menores para matar.
La historia, publicada por los medios, comenzó a desvelarse el 10 de agosto de 2024, cuando dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos tras asesinar a una persona y herir a otras en una pastelería de Jipijapa. Días antes, uno de ellos también habría matado a un ex policía durante un partido de fútbol. Fue en ese contexto que, al revisar el celular de uno de los jóvenes, los investigadores encontraron el video que desencadenó la captura de Anchundia.
En las imágenes, según cita GK, se ve al adolescente disparando a distintos blancos en un campo, mientras el policía lo guía. La fuente policial consultada por los periodistas asegura que el arma sería una Glock, posiblemente propiedad del Estado. Con este video, la Policía inició una investigación interna y, tras dos meses de seguimiento, arrestó a Anchundia en un operativo nocturno.
En su casa se incautaron dos celulares, una cámara de video, una bala y el uniforme policial. Según un informe policial al que accedieron GK y Plan V, Anchundia no solo entrenaba a los adolescentes, sino que también les facilitaba armas y los preparaba para cometer asesinatos.
La exdirectora de la Unidad de Trata de Personas del Ministerio del Interior, Katherine Herrera, quien colaboró en la investigación, aseguró que el caso cumplía con todos los elementos del delito de reclutamiento forzoso. Los adolescentes, explicó, fueron entrenados, cooptados contra su voluntad, amenazados y obligados a trabajar como sicarios.
“No se puede hablar de voluntad en niños o adolescentes si hubo alguien enseñándoles a disparar u obligándolos a dar un servicio ilegal”, declaró Herrera a GK y Plan V.
Sin embargo, al reformular los cargos, la Fiscalía argumentó que los adolescentes actuaron voluntariamente, una visión que los medios investigativos califican como un retroceso en la protección de derechos de la niñez en un país donde no existen políticas claras para enfrentar el reclutamiento de menores por el crimen organizado.
Anchundia fue transferido a Jipijapa en abril de 2024 desde Guayaquil, y su carrera como policía había sido aparentemente modesta. En más de 12 años de servicio había ascendido al rango de cabo primero. Vivía con su esposa y siete hijos en un barrio popular de la ciudad. GK y Plan V indican que tenía un historial limpio dentro de la institución y que su primer expediente disciplinario se abrió no por entrenar niños sicarios, sino por ausentarse del trabajo por más de tres días.
La investigación también arroja luz sobre las deficiencias en la formación policial en el país. Anchundia se graduó en 2012 de una escuela donde, según una tesis académica citada por GK y Plan V, solo el 27% de los instructores tenía estudios superiores. Para el coronel en retiro Mario Pazmiño, la falta de entrenamiento adecuado en prácticas de tiro y formación ética influye directamente en conductas como las de Anchundia.
Lorena Piedra, experta en narcotráfico y seguridad, citada en la investigación, indicó que el cambio en el proceso de reclutamiento policial entre 2011 y 2016, cuando el Ministerio del Interior asumió el control de las admisiones, debilitó los filtros que permitían detectar vínculos criminales. Según Piedra, muchos de los agentes que ingresaron en ese período —a quienes algunos llaman “los combos”— están involucrados en casos de corrupción y abuso de autoridad.
Aunque no se ha confirmado si Anchundia pertenece directamente a una banda delictiva, fuentes policiales citadas por GK y Plan V sostienen que los adolescentes entrenados por él eran parte de una organización criminal. Ambos ya han sido condenados a ocho años por asesinato. Si Anchundia es encontrado culpable de asociación ilícita, podría recibir una pena menor a la de los menores que presuntamente entrenó.
La gravedad del caso no solo recae en el acto de entrenar a niños para matar, sino en lo que representa: una institución que, según indica la investigación de GK y Plan V, ha fallado en proteger a los más vulnerables y en vigilar a sus propios miembros.
Infobae
