Acarigua.- Para María Teresa Piñero, activista de Derechos Humanos en el estado Portuguesa, todo el núcleo familiar se ve afectado con la migración y se refirió en concreto al caso de los venezolanos que han decidido irse a otras naciones, ante la crisis económica, política y social que se vive desde hace al menos dos décadas.
El proceso migratorio forzado de los venezolanos, como resultado de una crisis humanitaria compleja, agravada por la pandemia del covid-19 y factores multidimensionales que emergen del conflicto político-socioeconómico venezolano, ha afectado emocionalmente a los adultos mayores, generando daños que los paraliza y les resta calidad de vida, destacó.
Piñero, quien se ha dedicado a la investigación y registro de casos de vulnerabilidad en la región, manifestó su preocupación por las personas de la tercera edad que tienen que irse del país y están expuestos a situaciones hostiles o, en el peor de los casos, son “olvidadas” por los hijos que emigran, en medio del cuidado de los nietos y lo que implica volver a criar. “Todo esto representa riesgos sociales y de salud de quien envejece en un país sin justicia social”.
Los niños sufren
La activista en Derechos Humanos destacó que hay niños que se benefician con la migración de sus padres o responsables, teniendo mayores oportunidades de desarrollo como consecuencia del aumento de los ingresos económicos de su familia, mediante las remesas que sirven para cubrir alimentación, vivienda, educación o salud, a lo que seguramente antes no hubiesen podido acceder.
Sin embargo, afirmó que «los niños y las niñas que los migrantes dejan atrás, presentan una pérdida de referentes afectivos por sus padres o madres, aumentando la probabilidad de que no reciban el mismo cuidado, trato, atención o protección adecuada contra todas las formas de violencia».
Asimismo, opinó que esa ausencia conlleva auna desintegración familiar, generando un perjuicio psicosocial que puede convertirse en sentimientos de abandono y vulnerabilidad.
Cuando los padres emigran por ciertas necesidades -dijo- se comienza a dibujar un nuevo modelo de familia para los niños y adolescentes, que entonces comienzan a vivir con los abuelos u otros familiares, los cuales poco conciben con responsabilidad la crianza y educación de éstos. En consecuencia, se violentan las obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza.
“Los infantes deben ser criados en el seno de su familia de origen, mantener relaciones personales y contacto directo con el padre y la madre, y que se preserve su integridad personal, física, síquica y moral”, apuntó Piñero.
En general, aunque no se desee, los niños se ven perjudicados en gran medida en el disfrute de los derechos o garantías, con considerables consecuencias futuras que pueden “perturbar” su desarrollo biopsicosocial, según afirmó la activista, quien exhortó a los padres a pensar muy bien cuando tomen este tipo de decisiones.
Mujeres víctimas
Piñero señaló que la realidad afecta a un gran número de niñas, adolescentes y, principalmente, mujeres migrantes venezolanas que a diario son víctimas de xenofobia, discriminación, violencia y, en el peor de los casos, femicidio, ante lo cual no existen medidas efectivas para la protección de sus hijos que en ciertos momentos son expuestos a situaciones de maltrato.
“Algunas de estas mujeres, junto a sus núcleos familiares, viven en serias condiciones de hacinamiento con múltiples familias, incluso, con personas que no comparten consanguinidad, generándoles estrés mental y depresión; otras han recurrido a la prostitución forzada para sustentarse, por desconocer sus derechos ante la realidad de estar indocumentadas en estos países de llegada”, explicó.
Piñero puso énfasis en la imperiosa necesidad de evaluar el tema de la trata de personas, porque “las mafias saben cómo aprovecharse de las necesidades de las mujeres y vincularlas en procesos de explotación sexual”.
Origen
Desde el año 2000, la Asamblea General de la ONU proclamó el 18 de diciembre “Día Internacional del Migrante”, como consecuencia del elevado flujo migratorio mundial, tomando como antecedente la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), en concordancia con la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes (2016). Ambos tratados, están dirigidos a reconocer la labor positiva de los migrantes, comprometiéndose a proteger su seguridad, dignidad, libertad y derechos humanos, de modo tal que este complejo proceso sea seguro, regular y digno.
Bajo esta perspectiva, la organización colombiana Dejusticia (2021), reflexionó respecto al pronunciamiento de la Corte Constitucional Colombiana hacia las violaciones de derechos humanos de siete (7) personas migrantes venezolanas expulsadas en las protestas de 2019.
En este sentido, la Corte amparó el derecho al debido proceso y a la dignidad humana, ordenando dejar sin efectos las resoluciones de expulsión en este tipo de casos, hasta que exista avance en el procedimiento.
Esta mejora garantizó el derecho a la defensa, considerando las circunstancias individuales de cada persona y el impacto que genera estas sanciones al grupo familiar. Además de ello, el Gobierno colombiano creó el Estatuto Temporal de Protección para Personas Migrantes provenientes de Venezuela, adelanto significativo para la regularización de miles de personas que han llegado al país vecino en los últimos cinco años, garantizándoles el acceso a derechos fundamentales como salud, trabajo y educación.
En torno a esto, el lema para este año, escogido por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es «Aprovechar el potencial de la movilidad humana», porque «gracias a sus conocimientos, redes y competencias, los migrantes contribuyen a forjar comunidades más fuertes y resilientes, y también contribuyen con las remesas a su país de origen”, por lo que exhortó a los gobiernos para que accionen e incluyan a los migrantes, independientemente de su condición jurídica, en sus planes de recuperación social y económica.
De acuerdo con la OIM (2021), existe un aumento global de las remesas en los últimos decenios, pasando de USD$ 126.000 millones en el 2000 a USD$ 702.000 millones en el año 2020.
Reflexión
La activista recalcó la necesidad de que existan políticas de perspectivas de géneros en el tema de la migración, sobre todo en la que es forzada y afecta a la población venezolana.
Evidentemente, es un hecho social que no solo perjudica a Venezuela. No obstante, en los últimos años se viene acrecentando la búsqueda de destinos fuera de la nación y, ante este panorama, es importante que a los migrantes les brinden garantías de vida, salud, educación y oportunidad de crecimiento laboral, entre otras.
Piñero, también representante de la Asociación Civil Gurrufío, dijo que este año se han unido a la campaña pública #LaMejorRuta, porque posiciona la movilidad como un derecho humano que debe ser ejercido de forma segura, responsable, planificada, ordenada y voluntaria por todas las personas, sin ninguna discriminación ni vulneración a sus derechos fundamentales. (CNP 13.114)
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