Estados Unidos manifestó su preocupación por la detención de dirigentes de la oposición por parte del chavismo en Venezuela y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de violar el Acuerdo de Barbados.
Así lo afirmó el encargado de Joe Biden para la región, Brian Nichols, que además pidió la libertad de la abogada defensora de los derechos humanos, Rocío San Miguel.
En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Nichols dijo que “la detención del coordinador de campaña de Vente Venezuela en Barinas, Emill Brandt, y la continua detención de los miembros de la campaña de VV Juan Freitas, Luis Camacaro y Guillermo López son claras violaciones del Acuerdo de Barbados”.
“Exigimos su liberación inmediata e incondicional, así como la de todos los venezolanos injustamente detenidos, entre ellos Rocío San Miguel”, agregó Nichols.
Justamente ayer, Víctor Venegas, uno de los colaboradores de María Corina Machado que había sido detenido por el gobierno chavista, fue liberado tras dos meses detenido.
Venegas, secretario político de esta formación en el estado Barinas (oeste), fue “liberado este 11 de marzo, tras ser arbitrariamente detenido” el 17 de enero y “sometido a desaparición forzada por el régimen”, dijo el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela en X.
El sindicalista fue acusado en enero por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) de estar supuestamente “involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la república” y de formar “parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”, de acuerdo con un comunicado emitido entonces por el ente fiscal.
El Comité de DDHH de Vente Venezuela celebró la liberación de Venegas y exigió, una vez más, la puesta en libertad de Luis Camacaro, Juan Freites, Guillermo López y Emill Brandt, colaboradores regionales de Machado, los tres primeros detenidos en enero y el último el pasado viernes, según la formación.
“Seguimos elevando la voz por nuestros cuatro compañeros que aún permanecen detenidos. Exigimos la libertad de todos los presos políticos”, agregó el comité del partido de Machado, candidata de la principal coalición opositora a las presidenciales del 28 de julio, en las que espera competir pese a la inhabilitación que le impide ocupar cargos públicos de elección popular hasta 2036.
En enero, el Gobierno chavista, tras denunciar conspiraciones que incluían el asesinato del mandatario Nicolás Maduro, activó la ‘Furia Bolivariana’, un plan para “defender el derecho a la paz” que, sin embargo, preocupa a ONG y opositores, quienes alertan de un “recrudecimiento” de la “represión y la persecución” política, a meses de las presidenciales.
ONGs piden la libertad de Rocío San Miguel
Varias organizaciones no gubernamentales exigieron, una vez más, la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, quien ya lleva más de un mes detenida, acusada de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, dijo a la agencia EFE que la también abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano aún “no ha podido nombrar abogados”, lo que representa “otra violación” a sus derechos.
Además, aseguró que a San Miguel se le ha violado su derecho a la presunción de inocencia a través de una “campaña comunicacional enorme, gigantesca, que se ha lanzado desde los medios del Estado, tratando de hacer una condena anticipada contra alguien que ni siquiera ha podido nombrar a los abogados de su confianza”.
“Exigimos que se respeten sus derechos”, insistió Daniels.
En X, Un Mundo Sin Mordaza expresó que “defender derechos humanos no es un delito”, por lo que exigió la “liberación inmediata” de San Miguel, detenida “injustamente”, y la de “todos los presos políticos” que, según la ONG Foro Penal, son 264 personas, de las cuales 19 son mujeres.
En esa red social, la organización Provea también abogó por la liberación de la activista, quien “sigue sin poder tener contacto con sus abogados”.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.
Más de 200 organizaciones y 415 miembros de la sociedad civil de Venezuela rechazaron la “detención arbitraria” de la activista, arrestada en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Con información de EFE
