La ganadora de la elección Primaria de la oposición en octubre, María Corina Machado, interpuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de reclamación y amparo cautelar en la que pide que se revise su inhabilitación para ejercer derechos políticos. El documento fue publicado este domingo, 17 de diciembre.
El partido Vente Venezuela hizo público un comunicado en el que aseveran que Machado no está inhabilitada, que goza de sus derechos políticos y no existe procedimiento administrativo que se haya iniciado. Esto después de la imposición de una sanción por 15 años para no ocupar cargos públicos.
“Esta acción de reclamación contra la vía de hecho está referida en el marco de un complejo proceso de negociación nacional e internacional con el propósito fundamental de lograr las garantías y condiciones indispensables para tener elecciones presidenciales libres y transparentes en el 2024”, asevera la publicación.
La demanda interpuesta por Machado está dirigida al presidente y otros magistrados de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. El documento tiene 31 páginas. Su abogado es Perkins Rocha.
¿Qué dice la demanda?
Este documento se presentó horas antes de que venciera el plazo dado por el gobierno, el 15 de diciembre, para que candidatos opositores solicitaran levantamiento de la medida.
– El 27 de junio de 2023 la Contraloría General de la República emitió una certificación al ser consultados sobre la inhabilitación dictada en 2015 contra Machado para impedirle ejercer cargos públicos durante un período de 12 meses.
– El documento precisa que se pretende extender irregularmente una inhabilitación que había vencido en 2016. “Esto ocurrió sin que fuese notificada sobre el inicio de un nuevo procedimiento administrativo y sin la habilitación de un expediente, exigidos en el marco del debido proceso”.
– La inhabilitación política es una sanción que consiste en la restricción o exclusión de derechos políticos y para que sea legítima y válida debe ser interpuesta a través de un proceso penal que culmine con una sentencia judicial.
– Machado asegura que la Contraloría General de la República vulnera de manera «flagrante, grosera e inmediata» sus derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a postularse a cargos de elección popular.
– La dirigente política dice que, en su caso, se vio imposibilitado el ejercicio de su derecho a la defensa en el marco de una emisión de esta inhabilitación de la que no tiene conocimiento y señala que se violan principios constitucionales.
– La demanda específica que es desproporcionada la imposición de una sanción de inhabilitación por 15 años. “Pretenden imponerme la sanción más grave y en su límite máximo, sin hacer referencia a cuál es la supuesta irregularidad administrativa que hubiese podido justificar una nueva”, refiere.
– Esta solicitud de amparo cautelar se basa en la presunción del buen hecho, por lo que Machado asegura que se ha demostrado con la imposición de sanciones sin que haya acto de responsabilidad administrativa en el que pudiera presentar sus defensas.
– La petición final que hace la candidata de oposición es que el TSJ declare con lugar la demanda de reclamo que interpuso junto al amparo en protección de sus derechos constitucionales. “Mientras transcurre el procedimiento de reclamo que en contra de la vía de derecho estamos interponiendo sean suspendidos todos los efectos”, reitera.
El Pitazo
