La organización no gubernamental Foro Penal advirtió este martes que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) será insuficiente si no se acompaña de reformas legales y cambios en las instituciones encargadas de administrar justicia en Venezuela. La ONG considera necesario eliminar los mecanismos que, según denuncia, han permitido la persecución política y garantizar que los tribunales actúen con independencia.
“De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas”, afirmó Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, durante un encuentro en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), en Caracas.
Himiob sostuvo que los cambios no pueden limitarse a la designación de nuevos magistrados, sino que deben alcanzar las estructuras que intervienen en los procesos judiciales. A su juicio, el sistema venezolano ha sido “sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos”, pero no para “atender a las necesidades de la ciudadanía”.
El abogado planteó la necesidad de reconstruir la administración de justicia “desde sus mismas bases” y de conformar un TSJ “integrado por personas en las que la ciudadanía confíe”. También pidió reformar el Código Penal, al que calificó de “anacrónico” y consideró que “no sirve a las necesidades de la población”, además de revisar o derogar leyes que, según señaló, han sido utilizadas para perseguir a sectores disidentes.
Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, coincidió en que la actuación de los organismos judiciales sigue siendo un factor de preocupación. Afirmó que el sistema continúa funcionando como un mecanismo de persecución política y cuestionó la responsabilidad de jueces y fiscales en los procedimientos contra quienes adversan al poder.
“Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes”, declaró Romero. El director de Foro Penal insistió en que el sistema judicial “todavía sigue siendo un instrumento de persecución política” y es “parte de la maquinaria represiva”.
La renovación del TSJ sigue sin avanzar según el cronograma
Las exigencias de Foro Penal coinciden con un nuevo aplazamiento en la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, la instancia que evaluará y preseleccionará a los candidatos a magistrados del TSJ.
La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, no convocó la sesión plenaria prevista para este martes 20 de octubre, en la que debía designar a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el comité junto con 11 diputados. La selección podría anunciarse el jueves 22 de octubre, fecha de la próxima sesión parlamentaria.
El procedimiento ya había sufrido una modificación: la comisión preliminar fijó inicialmente la escogencia para el 15 de octubre, pero decidió aplazarla para extender las entrevistas ante el número de aspirantes. Después, el vicepresidente de esa instancia, Luis Florido, anunció que la designación se realizaría este martes y que el comité se instalaría el miércoles 21 de octubre. Ninguna de esas fechas se cumplió según lo previsto.
El presidente de la comisión preliminar, Giuseppe Alessandrello, informó que recibieron 127 postulaciones, una cifra que describió como superior a “todo lo histórico” de la Asamblea Nacional. También indicó que solicitaron información sobre los aspirantes a organismos como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General para evaluar sus perfiles.
Sobre la procedencia política de los postulados, Transparencia Venezuela identificó vínculos partidistas en 52 de las 127 personas inscritas. Según la organización, 13 militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 30 tienen nexos con el oficialismo y nueve pertenecen a otras organizaciones políticas.
La reforma del comité fue aprobada por el Parlamento en septiembre, cuando se aumentó de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil. La modificación respondió a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que mantiene conversaciones con el chavismo y fue presentada como parte del proceso para garantizar la independencia en la selección de los nuevos magistrados.
Sin embargo, la designación de los integrantes continúa pendiente, mientras sectores opositores reclaman el cumplimiento de los compromisos políticos y el respeto a la Constitución.
El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos a la independencia del actual TSJ. La oposición acusa a sus magistrados de favorecer al chavismo y de haber convalidado la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos por sectores opositores.
El Nacional
