Este lunes la Contraloría General de Venezuela expuso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las razones de la inhabilitación política impuesta a la líder María Corina Machado, un requisito que solicitó el órgano de justicia antes de dictaminar un veredicto sobre la sanción a la opositora.
Este paso se da luego de que la oposición y el chavismo acordaron en las negociaciones con Estados Unidos revisar las inhabilitaciones que impiden, en el caso de Machado, que se postule a las presidenciales de 2024.
Para todos los opositores con esta sanción, el plazo para acudir al Supremo a solicitar su eliminación era hasta el 15 de diciembre. Hasta último momento Machado se negó a acudir. Incluso, un día antes le dijo al medio colombiano El Tiempo que no iría al TSJ.
Sin embargo, ese 14 de diciembre, pasadas las 3:00 pm, Machado llegó al TSJ con sus abogados «no para pedir la eliminación de la inhabilitación» sino para «introducir una demanda contra un procedimiento que no existe».
Ante esto, el organismo, según la ley, tenía tres días para pronunciarse, por lo que envió una petición a la Contraloría -lugar que emanó la inhabilitación- solicitando conocer la medida.
El TSJ indicó este lunes que el pasado jueves recibió documentación por parte de la Contraloría, «dando cumplimiento» al procedimiento que lleva adelante la Sala Político Administrativa del máximo tribunal.
Se dio un plazo de tres días -vencido el 21 de diciembre- a la Contraloría para la «remisión de los antecedentes administrativos» de este caso. Según estos, Machado, candidata para las presidenciales de 2024 por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), no puede ocupar cargos de elección popular hasta 2030.
Asimismo, el TSJ pidió al organismo que impuso la sanción entregar una «copia certificada de los actos administrativos» que conllevaron a la inhabilitación. Esta medida se anunció en 2015 con una extensión de 12 meses y que este año se conoció que su vigencia es de 15 años.
Sin ofrecer detalles, el Supremo aseguró que recibió lo que solicitó a la Contraloría, por lo que ahora corresponde a la Corte analizar la documentación. Luego, se va a decidir si admite la demanda interpuesta por la opositora. Machado pide que se le levante la inhabilitación.
El tema jurídico
Algunas cuestiones para entender el caso remiten a preguntas como ¿en qué se basan los documentos solicitados por el TSJ? Además, Machado asegura que nunca se le notificó del procedimiento de inhabilitación. Entonces, ¿por qué no se le notificó?
Si hubo procedimiento y no notificación, la acción de amparo debería ser admitida por el TSJ porque se le violaron sus derechos constitucionales.
Los analistas coinciden en que este es un caso político, algo que -dicen- queda demostrado con los procesos que van saliendo a la luz. No se cumplieron adecuadamente los pasos jurídicos ni administrativos.
GDA
