El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha, informó el miércoles 10 que, luego de tres solicitudes, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se comprometió en permitir el acceso público al expediente sobre el caso de la candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria, María Corina Machado.
Rocha, quien acudió por tercera ocasión al TSJ, dijo que el jueves 11 de enero el expediente sobre el caso de Machado estará disponible para que su defensa y cualquier jurista interesado puedan revisar y consultar, luego de que la Contraloría General de la República remitió a la Sala Político Administrativa -por solicitud de esa instancia- la información detallada sobre la supuesta inhabilitación de Machado.
«En dos oportunidades lo solicitamos, hoy fue la tercera y se nos dijo que, con toda seguridad, mañana el expediente estará público con acceso para nosotros -la parte más interesada- y eventualmente para cualquier abogado que quiera consultar el expediente. Ese es el compromiso de la sala», explicó Rocha fuera de la sede del TSJ.
El abogado agregó que el planteamiento presentado ante la instancia del TSJ es complejo, no es ordinario y está apegado a lo que establece la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
«No estamos pidiendo la nulidad de ningún acto, porque no existe acto de inhabilitación contra la ciudadana María Corina Machado, sino que estamos pidiendo atacar las vías materiales, que conforman las vías de hecho, que le impiden el ejercicio cabal para actuar como legítima candidata presidencial de la oposición», añadió Rocha.
Rocha se refirió a la negación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ahora preside el excontralor Elvis Amoroso, así como de figuras y funcionarios del oficialismo, para reconocer a Machado candidata presidencial unitaria de la oposición mayoritaria tras su victoria en la elección Primaria del 22 de octubre, proceso interno de la oposición en el que participaron casi 2.500.000 personas dentro y fuera de Venezuela.
«Sabemos que hay órganos, entre otros el CNE, y parte de los personeros del sistema, que se niegan a reconocer esta situación y la legitimidad que a ella la rodea para ejercer sus derechos políticos y su compromiso con parte del pueblo venezolano que se expresó en octubre en la Primaria, dándole la confianza para ser la candidata», apuntó Rocha.
El 30 de junio de 2023, la Contraloría, cuyo titular entonces era el actual presidente del CNE, informó sobre la inhabilitación de Machado por 15 años mediante un documento que la candidata presidencial unitaria opositora nunca recibió y en el que la instancia del Estado que controla el oficialismo la vincula con una supuesta trama de corrupción, entre otros señalamientos, sin que existan de forma previa un proceso ni sentencia judicial.
Machado acudió al TSJ el 15 de diciembre, junto con su defensa, a interponer una demanda de reclamación y un amparo cautelar contra lo que calificaron de «vía de hecho» que, de forma irregular, «simula una inhabilitación inexistente«.
La asistencia de Machado al TSJ se produjo luego de que el 30 de noviembre, en el contexto de la negociación política y el acuerdo de Barbados entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el oficialismo definió un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones administrativas -mediante la intervención del TSJ-, que divulgó Noruega como garante de las negociaciones entre las partes.
«En el marco de una negociación en la que no ha participado la ciudadana María Corina Machado, pero como contribución para volver a una ruta democrática y recuperar unas elecciones presidenciales libres, acudimos a la Sala Político Administrativa, no a demandar la nulidad de una inhabilitación; María Corina Machado está habilitada jurídica y políticamente, y después de la Primaria con mayor legitimidad», afirmó Rocha.
El 26 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la situación política en Venezuela y reafirmó que el sistema de justicia venezolano «no ofrece garantías de independencia e imparcialidad, pues ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al Gobierno e impide la participación política».
El Pitazo
