Araure.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió este sábado, 10 de agosto, la resolución 46/2024, en la que otorga medidas cautelares a favor de la dirigente de Vente Venezuela en el estado Portuguesa, María Oropeza, detenida a inicios de esta semana por agentes de seguridad del Estado.
La comisión interamericana afirma que María Andreína Oropeza Camacho se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” y de “riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”.
El martes, 6 de agosto, funcionarios de la Policía Nacional y efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) irrumpieron en la casa de la dirigente, en Guanare, y se la llevaron sin una orden de allanamiento.
Aunque se cree que la joven abogada, de 30 años de edad, esté recluida en El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), aún no ha habido información oficial sobre su paradero, por lo que la CIDH considera que la dirigente se encuentra en una situación de “desaparición forzada”, tras haber sufrido un “allanamiento presuntamente arbitrario en su residencia”.
La resolución señala que las medidas cautelares surgen en respuesta a la petición de la “parte solicitante”.
La CIDH da cuenta de que la dirigente regional alcanzó a grabar y transmitir en vivo desde sus redes sociales, el momento cuando agentes del Estado allanaron su residencia.
También precisa que su teléfono fue confiscado y que su madre, Flor Oropeza, la ha buscado en todos los centros de reclusión de Guanare, Acarigua y Araure, sin recibir noticias de su paradero y estado de salud, ya que el Estado no ha proporcionado ninguna información al respecto.
“Luego de evaluar las alegaciones de hecho y de derecho, a la luz del contexto de represión en las protestas postelectorales” que se han generado en Venezuela, la comisión interamericana solicita al Estado que “adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de Oropeza.
De igual manera, insta a que se informe si está bajo custodia del Estado y las circunstancias en que se encuentra, aclarando que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano, en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
“La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia”, concluye la resolución.
