Las alegaciones relacionadas con adopciones ilegales de niños indígenas en Guatemala han sido consideradas especialmente graves por expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes han citado la ausencia de investigaciones independientes sobre la implicación de funcionarias y funcionarios estatales, entre ellos la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta. Las víctimas y sus familias, según destacaron, conservan el derecho a un acceso pleno y efectivo a mecanismos judiciales y de reparación.
Desde la ONU se alertó que, pese a la existencia de un proceso de nombramiento judicial en curso, todas las personas sobre las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos no deberían ser preseleccionadas ni nombradas para cargos relevantes hasta que concluya una investigación pronta y exhaustiva. La organización recordó que la Sra. Porras Argueta, además de figurar como candidata para la elección a la Corte Constitucional, podría ser nominada para la reelección como Fiscal General esta misma semana.
Alegaciones históricas y su contexto
Según la comunicación oficial de las y los expertos de la ONU, al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras su institucionalización en el Hogar Temporal Elisa Martínez. Los casos se remontan a hechos que ocurrieron entre 1968 y 1996, marcados por la captura y desaparición forzada de menores en Guatemala.
Las y los especialistas señalaron que estas adopciones ilegales podrían haber consistido en una variedad de actos ilícitos, como el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos, la coacción o la ausencia de consentimiento libre e informado de las madres y padres biológicos, así como beneficios económicos indebidos para los intermediarios. Resaltaron que, hasta la fecha, las madres afectadas no han recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones que les corresponden.
Involucramiento de funcionarios públicos
La petición de la ONU abarca la necesidad de iniciar investigaciones independientes sobre las denuncias que implican a funcionarias y funcionarios públicos en estos procesos ilegales. Entre los señalados figura la ex Directora/Administradora del hogar, María Consuelo Porras Argueta, quien fungió como “tutora legal” de las y los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Las y los expertos recordaron: “Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones.”
Obligaciones del Estado y derechos de las víctimas
El deber estatal, según lo establecido en el derecho internacional, consiste en prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación asociada con adopciones ilegales y desapariciones forzadas internacionales. Las y los expertos remarcaron que debe garantizarse a las víctimas y sus familias el pleno ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, subrayaron que las víctimas deben contar con acceso a “todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición.”
La ONU se mantiene en contacto con las autoridades guatemaltecas para dar seguimiento a estas denuncias y asegurar una respuesta conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.
Infobae
