Ex presos políticos con medidas cautelares se concentraron este martes frente al Palacio de Justicia, en Caracas, para denunciar obstáculos y retrasos en la tramitación de solicitudes vinculadas con la ley de amnistía, aprobada el viernes 19, por la Asamblea Nacional.
“Decidimos venir a las puertas del Palacio de Justicia para denunciar una serie de irregularidades”, declaró el defensor de derechos humanos Carlos Julio Rojas.
El activista relató que en los últimos días se han registrado extensas filas para introducir solicitudes formales.
“Pudimos ver ayer cómo había colas maratónicas en las puertas del Palacio para entregar la solicitud de la amnistía”, señaló.
Sin embargo, añadió, en los tribunales se encontraron con trabas administrativas: “Decían primeramente que no había despacho e incluso había la propuesta de que no había en ese momento una decisión por parte de arriba”.
Rojas cuestionó que el Poder Judicial deba esperar instrucciones superiores para actuar. “¿Acaso tenemos que decir responsablemente que el Palacio de Justicia, el Poder Judicial tiene que recibir una orden de arriba para poder recibir nuestra exigencia de la amnistía?”, preguntó.
Afirmó que la ley de amnistía es resultado de la presión ejercida por quienes estuvieron encarcelados. “Decir que la amnistía fue una conquista por parte de los presos políticos que estuvimos en condiciones inhumanas”, expresó.
Pidió “el sobreseimiento de todas las causas políticas” y propuso que “se instale una comisión de la verdad con asesoría de entes multilaterales”, al considerar que “amnistía no tiene que ser igual a impunidad”.
Proceso de amnistía afronta obstáculos burocráticos
El exgobernador del estado Mérida Williams Dávila, que fue liberado el 18 de julio, sostuvo que el proceso no se está ejecutando conforme a la normativa. Recordó que la ley es “de orden público y de interés general” y que no puede imponerse “formalismo inútil” que impida su aplicación.
“No tiene razón de ser que pongan tantos impedimentos y tantos obstáculos para recibir las solicitudes tanto en Caracas como en el resto del país”, afirmó Dávila.
Insistió en que el sobreseimiento puede ser dictado de oficio por los tribunales.
“Nosotros no necesitamos hacer una cola inmensa para que nos reconozcan nuestra libertad, que no es ningún regalo”, manifestó.
Observó que “el derecho de reparación no está consagrado” en la ley, y pidió revisar ese aspecto en la comisión de seguimiento.
El politólogo Nicmer Evans informó que su solicitud fue recibida por el Tribunal Primero de Terrorismo de Control.
“Es la vía expedita para hacer la solicitud de la ley de amnistía”, indicó, al precisar que la aceptación del documento no implica aún la concesión del beneficio, pero que en plazo de 15 días deberá obtener respuesta.
Evans exhortó a la comisión parlamentaria encargada de garantizar el cumplimiento de la ley de amnistía a ofrecer orientación directamente en los tribunales, pues aseguró que hay quienes “no saben ni siquiera cuál es el tribunal al que tienen que recurrir”.
Agregó que hay personas que fueron excarceladas, pero sin documentos que detallen sus condiciones penales.
1.500 solicitantes
La ley de amnistía fue promulgada el jueves como parte de una iniciativa oficial que según el gobierno busca promover la reconciliación nacional.
De acuerdo con datos ofrecidos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, más de 1.500 personas han solicitado acogerse al beneficio y miles bajo medidas cautelares podrían obtener libertad plena.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han advertido que persisten retrasos, falta de información clara sobre los procedimientos y posibles exclusiones de casos.
Excarcelados insistieron en que la aplicación de la norma debe ser inmediata, transparente y sin requisitos adicionales que -señalaron- no están contemplados en el texto legal.
El Nacional
