Al menos 386 incidentes contra la libertad de expresión se registraron en Venezuela el año pasado. Así lo documenta Un Mundo Sin Mordaza, organización que señala la consolidación de un entorno restrictivo y sostenido contra este derecho fundamental.
“El año 2025 evidenció la consolidación de un entorno estructuralmente restrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela”, señala el documento.
Advierte que las vulneraciones no son hechos aislados, sino parte de “patrones sistemáticos que combinan coerción directa, censura digital, manipulación del ecosistema informativo y mecanismos de vigilancia indirecta”.
Casi 400 incidentes y más de 500 violaciones
Durante el período evaluado se registraron 386 incidentes que derivaron en 523 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país .
La distribución de estos casos muestra dos frentes principales: acciones directas contra personas y control del flujo informativo.
Según la organización, 166 casos (43%) corresponden a bloqueos y ataques contra páginas web, aplicaciones y redes sociales; 161 casos (42%) fueron detenciones contra periodistas o civiles; 52 casos (13%) incluyeron hostigamientos, amenazas y agresiones, y 7 casos (2%) afectaron a medios tradicionales.
“El examen conjunto de los registros permite identificar que las agresiones documentadas no se concentran en un único órgano o nivel institucional, sino que se distribuyen entre cuerpos militares, policiales, autoridades civiles y actores no estatales alineados con el poder”, indica el informe.
Patrón sostenido
El documento insiste en que la recurrencia de estos hechos configura un patrón sostenido.
“La reiteración de hostigamientos, amenazas, detenciones y actos intimidatorios refuerza la hipótesis de sistematicidad. No se trata de eventos concentrados en un momento específico, sino de una secuencia constante de incidentes” .
Además, se señala que esto involucra a múltiples actores de forma simultánea.
“Esta dispersión funcional de perpetradores evidencia que las restricciones a la libertad de expresión no responden a desviaciones individuales, sino a una dinámica sostenida”.
Censura digital y control del acceso a la información
El entorno digital aparece como uno de los principales espacios de restricción. El informe documenta bloqueos técnicos de distinto tipo que afectan el acceso a contenidos en Internet, incluyendo restricciones a nivel DNS, HTTP/HTTPS y TCP/IP, sumando 126 incidencias técnicas .
Estas medidas, según la organización, “impactan de manera generalizada a la ciudadanía y afectan el derecho colectivo a buscar y recibir información”.
También se reporta el bloqueo de la red social X y el uso simultáneo de esa plataforma por estructuras vinculadas al poder para difundir contenidos oficiales.
“Configura una forma de restricción indirecta del debate público y distorsiona el pluralismo informativo”, indica el informe.
La organización también describe un aumento de mecanismos de control como la vigilancia digital y la criminalización de contenidos.
“Se identificó la expansión de mecanismos digitales que promueven la vigilancia ciudadana, sumadas a la criminalización de expresiones en redes sociales, fortalecen un entorno de control social que afecta la participación pública y genera temor a represalias”, expresa.
La tasa del dólar paralelo
Asimismo, se advierte sobre iniciativas oficiales que podrían incentivar la denuncia entre ciudadanos, lo que puede generar “efectos inhibidores” y autocensura en la población.
Otro de los puntos señalados es la persecución de información vinculada al mercado cambiario. El informe documenta detenciones, bloqueos de plataformas y restricciones a sitios que difundían el tipo de cambio paralelo.
“Desde mayo de 2025, el Estado venezolano intensificó una política sistemática de represión contra analistas económicos, académicos, comunicadores y ciudadanos. Esta estrategia representa una clara criminalización del derecho fundamental a informar y recibir información veraz en materia económica”, señala.
El Nacional
