«En el Rodeo I hay torturas, todavía a él lo siguen torturando», denuncia Zoraida González. Es madre de José Miguel Estrada, condenado a 30 años de prisión por el caso «drones» y quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad del Rodeo I. En este recinto, señaló junto a otros familiares, han sido torturados, agredidos y amenazados por custodios y funcionarios.
Familiares de presos políticos, al igual que González, protestaron este miércoles 15 de abril ante la sede principal del Ministerio Público, al centro de Caracas, para exigir una investigación penal «formal, exhaustiva, seria e imparcial» sobre las torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes contra presos políticos, así como las amenazas de las que han sido víctima madres, padres, esposas o hermanas que se mantienen a las afueras del recinto desde hace 90 días.
La activista Andreina Baduel, a nombre de los familiares, denunció una «arremetida desmedida» contra los presos políticos el jueves pasado, cuando protestaron dentro del patio principal del Rodeo I por su libertad, visitas consulares para los extranjeros y el cese de tratos crueles.
«La respuesta del régimen venezolano fue torturarlos, amenazarlos con armas de fuego e incluso someterlos toda la madrugada de miércoles a jueves a gases lacrimógenos y gas pimienta, lo que generó una situación bastante alarmante», afirmó Baduel.
La activista reiteró su exigencia de una fe de vida y atención médica inmediata para su hermano, Josnars Baduel, uno de los más afectados por la inhalación de gases. «El Estado venezolano sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad… El Estado venezolano, mientras habla de reconciliación y paz, tortura y persigue a la disidencia», aseveró.
Otros tres presos políticos colombianos –Moisés Uribe, Andrés Carvajal y Luis Quinchia– se descompensaron, según denunció. «A la Embajada (de Colombia) ni siquiera le han dado respuestas, por el contrario, lo que hacen es desmentir la situación y decir que está todo normal. Si está todo así, ¿por qué no muestran las pruebas? Los exhortamos a que lo hagan».
En el documento entregado, y dirigido al nuevo fiscal Larry Devoe, pidieron la preservación de todo el material audiovisual y testimonial que, según el Ministerio Público fue recopilado sobre esa protesta, así como la determinación de responsabilidades «individuales y jerárquicas» de custodios, directivos y cualquier otro funcionario involucrado en estos hechos.
También solicitaron el «acompañamiento humanitario» de organizaciones independientes como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), evaluaciones médicas y psicológicas «independientes» para todos los privados de libertad, el cese del aislamiento e incomunicación arbitrarios y la adopción de medidas de protección en favor de todos los detenidos por razones políticas.
Asimismo, pidieron la restitución de visitas y que los 24 detenidos en el Rodeo I de nacionalidad extranjera, 20 de ellos colombianos, tengan acceso consular.
Amenazas contra todo Rodeo I
Los presos políticos, aseguró Andreina Baduel en declaraciones a medios de comunicación, no fueron los únicos amenazados. Comentó que varios familiares fueron hostigados y se les dijo que serían «procesados judicialmente» de seguir denunciando la situación.
Al igual que Baduel, a Dilcia Caro también le dijeron que podría ir presa de continuar las denuncias. «Se están escondiendo cuerpos policiales, porque los vieron, donde nos acercamos a gritarle (a los presos políticos, pero aquí no se rinde nadie. Por todos los presos igual vamos a subir», dijo.
Caro es esposa de Noel Alexander Flores, detenido desde el 17 de noviembre de 2023 y recluido en esa cárcel de máxima seguridad. Comentó que su esposo está mal de salud, pues padece de infecciones en los oídos, adenoides y está afectando su visión. «Cuando fue la situación con los gases lacrimógenos se vio muy afectado porque no respira con normalidad».
Zoraida González denunció que su hijo no ha podido recibir atención médica dentro del Rodeo I. Padece de hipertensión, dolores en las piernas y problemas para orinar. «Solicito libertad ya. Todos sus derechos humanos han sido violados».
También es representante de Yanín Pernía, otra presa política condenada por el caso drones. Resaltó que la nueva directora del INOF –donde se encuentra recluida– le prohibió visitarla, pese a ser el único familiar que puede asistir esa cárcel, y no ha recibido atención médica por un esguince en un pie que sufrió en días pasados.
Tanto a Estrada como a Pernía, señaló, se les negó la solicitud de sobreseimiento vía Ley de Amnistía. El defensor público de ambos se negó a apelar la decisión del tribunal. «Dijo que él no se metía en eso».
Los familiares de los condenados por la operación Gedeón (2020) también reclamaron las condiciones de sus detenidos dentro del Fuerte Guaicaipuro. También solicitaron que la Cruz Roja o el CICR acuda a ese recinto, les brinde atención médica y constate su estado de salud.
Jessica Castro, sobrina de Gustavo Hernández, responsabilizó a la directiva saliente por las condiciones de los presos en ese fuerte. Muchos de ellos tienen problemas renales, se están hinchando y no sabemos el motivo. Tenemos el caso de Miguel Plaza, la enfermedad que tiene es bastante fuerte y está orinando sangre, no le quieren dar atención. La última vez que fue su familiar le dijo que tenía que salir de ahí que se estaba muriendo».
En condiciones similares, dijo, están Jesús Rafael Ramos y José Manuel Mendoza. Incluso mencionó que uno de los detenidos perdió la memoria. «No reconoce a nadie. Él tenía problemas cuando llegó al Helicoide pero cuando llegó allí (Guaicaipuro) empezaron a automedicarlo, con las secuelas de todos los medicamentos que le han dado pierde completamente el conocimiento. No quería recibir visitas de sus familiares».
Castro responsabilizó directamente al anterior director de la cárcel, Mike Ollarves, y al ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, de negarles atención médica, alimentos o condiciones dignas de reclusión. «A pesar de que la directiva nueva quiere hacer un esfuerzo, hacen cosas que no están bien. Piden medicinas y no se las pasan».
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