En las últimas dos décadas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado una estrategia sostenida para aniquilar el periodismo independiente en Nicaragua, con más de 300 periodistas exiliados y el cierre de 61 medios, según un informe elaborado por la red de periodistas nicaragüenses “Las Exiliadas Nicas”, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.
El informe documenta una estrategia progresiva por parte del régimen para erradicar cualquier vestigio de prensa independiente. “El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”, expuso Maryórit Guevara, fundadora del colectivo y coautora del documento, durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.
Carlos Fernando Chamorro, periodista independiente y fundador del medioConfidencial, fue uno de los invitados destacados durante la presentación. Confidencial fue clausurado por el gobierno y su director obligado a exiliarse.
“El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”, afirmó durante el evento.
En tanto, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, remarcó la urgencia de actuar desde la comunidad internacional: “Nicaragua se sitúa en el furgón de cola de la libertad de prensa junto a países como Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Es deber de los periodistas apoyar a sus compañeros en el exilio y darle la relevancia a Nicaragua que merece en la agenda mediática española, más centrada en regímenes como el cubano o el venezolano por motivos políticos y económicos”.
De acuerdo con RSF, el país ocupa el puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025, ubicándose entre los peores del mundo para ejercer la labor informativa.
El desmantelamiento sistemático de la libertad de prensa en Nicaragua
El informe coordinado por Reporteros Sin Fronteras (RSF) subraya que el proceso de represión informativa ha sido progresivo y planificado desde 2006. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), con sede en Costa Rica, entre 2018 y 2025 se registraron el cierre y la confiscación de 61 medios y la expulsión forzada de 309 periodistas, lo que marcó el declive del periodismo independiente en el país centroamericano.
Este proceso estuvo acompañado de la captura institucional de los poderes del Estado y de la concentración del control en torno al núcleo presidencial Ortega-Murillo. Las agresiones incluyeron censura, violencia, confiscación de equipos, bloqueos económicos y el despojo de la nacionalidad como castigo colectivo.
Las restricciones han llegado más allá de las fronteras del país, alcanzando a quienes informan desde el exilio en Costa Rica, España, Estados Unidos y México. Según la FLED, desde 2018, más de 800.000 nicaragüenses han migrado, siendo el sector periodístico uno de los más afectados.
De la censura inicial a la persecución legal y el exilio
El informe destaca cuatro fases clave en el ataque a la libertad de prensa. La primera etapa (2006-2010) se caracterizó por la centralización del discurso y la exclusión de voces críticas, implementada desde el aparato comunicacional liderado por Rosario Murillo, utilizando la publicidad estatal como mecanismo de presión.
A partir de 2011, el régimen acentuó la concentración de medios y la cooptación institucional. A través de adquisiciones opacas de canales y emisoras, financiadas en parte con recursos provenientes de Venezuela, la familia Ortega-Murillo consolidó su dominio sobre el espectro informativo nacional.
Tras las protestas de 2018, la persecución se agravó. Solo ese año, 128 ataques contra periodistas fueron documentados por la FLED, e incluyeron el asesinato de Ángel Gahona y la ocupación de redacciones como Confidencial y 100% Noticias.
Se instauró la llamada ‘tríada represiva’ —la ley de ciberdelitos, la de agentes extranjeros y la de soberanía— utilizada para justificar detenciones, criminalizar la recepción de cooperación y promover la apatridia mediante la cancelación de nacionalidad.
El diario La Prensa ejemplifica el alcance de la represión: tras un bloqueo aduanero y la ocupación policial en 2021, fue confiscado, su personal forzado al exilio y el periódico solo pudo continuar como medio digital desde el extranjero.
Entre 2024 y 2025, nuevas reformas constitucionales consolidaron el autoritarismo. La creación de la “copresidencia” y la extensión del mandato presidencial cerraron cualquier espacio de pluralismo informativo, según lo señalado por Human Rights Watch y la FLED. Asimismo, más de 5.000 ONG fueron ilegalizadas, eliminando fuentes de información y apoyo social para el periodismo independiente.
Zonas de silencio: impacto social y opacidad informativa
Con la clausura de medios comunitarios y regionales, numerosas provincias quedaron sin prensa independiente. De acuerdo con la FLED y RSF, 11 departamentos, incluidas ambas regiones de la Costa Caribe, se catalogan como verdaderas “zonas de silencio”, lo que abarca el 65% del territorio nacional.
Esta situación impacta de forma directa a la ciudadanía, privándola del derecho a estar informada y debilitando la memoria histórica. Testimonios recabados por Las Exiliadas describen un clima de temor y la desaparición de espacios civiles fundamentales.
La periodista Maryórit Guevara destacó en el informe de Comunicas: “Nicaragua es hoy el único país de América Latina donde por la mañana no circula un periódico impreso. Tampoco se escuchan radios ni operan canales de televisión críticos”. La auto-censura y la salida de la profesión se han impuesto como estrategias de sobrevivencia.
El cierre de medios, el bloqueo de dominios digitales y el hostigamiento sistemático generan lo que FLED denomina desinformación institucionalizada. Muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias, lo que deriva en un subregistro de las violaciones perpetradas.
Mujeres periodistas: violencia específica y resistencia en el exilio
El enfoque de género es central en el informe presentado por Las Exiliadas. Las periodistas enfrentan formas específicas de agresión: violencia sexualizada, campañas de difamación, manipulación de la maternidad y vigilancia sobre sus círculos familiares.
Entre 2018 y marzo de 2025, la FLED documentó 730 violaciones a los derechos de mujeres periodistas, atribuyendo el 59,3% directamente al Estado. Además, ocho de cada diez mujeres atendidas en programas psicosociales reportaron haber sufrido ataques de connotación sexual.
El exilio resulta particularmente precario para las periodistas. Según la FLED, 106 mujeres periodistas conforman el 34,3% del total desplazado. Muchas han debido elegir entre abandonar la profesión o desempeñarse en empleos ajenos al periodismo. Una encuesta citada por Las Exiliadas revela que el 76% no logra cubrir sus gastos básicos desde el exilio y el 60% ha considerado dejar el oficio.
Testimonios como los de Carla Cáceres, Julia Ortíz y Melina Bonilla, recogidos por Las Exiliadas, resaltan el temor por la seguridad de sus familias y fuentes, la sobrecarga de tareas de cuidado, el racismo y las amenazas transnacionales en los países de acogida. La resistencia se canaliza en espacios solidarios, denuncias y en la reconstrucción colectiva de memoria.
Infobae
