La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores pidió a la justicia estadounidense un nuevo aplazamiento en el proceso penal que se sigue en su contra en Nueva York, lo que desplaza la próxima audiencia entre julio y agosto de 2026 y extiende aún más los tiempos de un caso complejo por narcotráfico, armas y narcoterrorismo.
Los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly, representantes de la defensa en el proceso judicial contra Maduro Moros y Flores, solicitaron a la Corte del Distrito Sur de Nueva York un diferimiento de la próxima audiencia por un plazo de dos meses.
El objetivo, según expusieron, es contar con más tiempo para revisar la evidencia y preparar nuevas mociones.
De acuerdo con el planteamiento, la siguiente comparecencia podría realizarse entre julio y agosto de 2026, lo que reprograma el calendario inicial previsto para finales de junio.
El abogado Nizar El Fakih, quien ha seguido el caso desde Nueva York con acceso a las audiencias celebradas en enero y marzo, confirmó que esta solicitud se enmarca en la fase de preparación del juicio.
El proceso, identificado como 11 Cr. 205 (AKH), se desarrolla ante el juez Alvin K. Hellerstein en el United States District Court for the Southern District of New York, y contempla cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas.
Maduro enfrenta cuatro acusaciones, entre ellas conspiración para cometer narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Por su parte, Flores está señalada por delitos vinculados a conspiración para importar cocaína y posesión de armas. Ambos se han declarado no culpables desde su primera comparecencia.
Los acusados permanecen detenidos en el Metropolitan Detention Center Brooklyn desde enero de 2026, tras su captura en Caracas en una operación militar estadounidenses.
Expertos judiciales estiman que el juicio formal podría demorarse entre uno y dos años debido a la complejidad del expediente, el volumen de pruebas y los recursos de ambas partes.
En una decisión reciente, el juez Hellerstein aceptó las licencias emitidas por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), que autorizan al Estado venezolano a financiar la defensa legal de los acusados bajo condiciones específicas.
Esta medida resolvió una controversia derivada de las sanciones estadounidenses, que inicialmente bloqueaban el uso de fondos públicos venezolanos para pagar honorarios legales, lo que había sido cuestionado por la defensa por posible afectación del derecho a la representación.
El tribunal también dejó abierta la posibilidad de aprobar futuras solicitudes de aplazamiento conjunto entre defensa y fiscalía, una práctica habitual en procesos complejos y de carácter internacional.
Con este nuevo ajuste, el caso continúa en fase preliminar mientras se define el cronograma del eventual juicio, que sigue sin fecha definitiva de inicio.
