El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció nuevos traslados arbitrarios de privados de libertad en Venezuela, luego de que al menos 129 reclusos fueran movilizados desde el estado Yaracuy hacia centros penitenciarios en Lara.
Destacó que en siete autobuses bajo custodia de la Guardia Nacional y la policía regional de Yaracuy trasladaron a los internos hasta territorio larense. En la primera unidad fueron movilizadas seis mujeres recluidas en una comandancia de la GN, quienes fueron llevadas al anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana.
En los otros seis autobuses viajaban 60 hombres provenientes de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy. A este grupo se suman otros 63 reclusos trasladados días antes desde la Policía Nacional Bolivariana, para un total de 126 hombres distribuidos entre el penal de Uribana y la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
La organización recordó que el pasado 28 de abril ya había denunciado el traslado de más de 600 reclusos desde el Centro Penitenciario Yare III hacia cárceles en Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, en medio de cuestionamientos por la falta de esclarecimiento de cinco muertes ocurridas en ese recinto, esa misma semana.
A juicio del OVP, existe una irregularidad en estos procedimientos, ya que los privados de libertad son enviados fuera de la jurisdicción donde se encuentran los tribunales que llevan sus casos, lo que podría interrumpir los procesos judiciales y aumentar el retardo procesal.
Desde los centros penitenciarios, alegan “falta de vehículos para justificar la imposibilidad de trasladarlos a audiencias en otros estados”.
El director del OVP, Humberto Prado, señaló que en Yaracuy existía un penal que fue desalojado hace más de dos años con la promesa de ser reestructurado, sin que hasta ahora se haya cumplido.
Advirtió además que esta práctica “se repite en estados como Apure, Portuguesa y Trujillo, donde no existen centros penitenciarios activos, lo que genera hacinamiento en otras cárceles”, incrementa el retardo judicial y obliga a las familias a desplazarse largas distancias.
Impacto en las familias
El OVP también alertó sobre las consecuencias directas para los familiares de los reclusos, quienes deben asumir altos costos de traslado, alimentación y envío de insumos básicos que no son garantizados por el sistema penitenciario.
Familiares expresaron temor por las condiciones de reclusión en Lara, donde —según denuncias— hay deficiencias en alimentación, acceso al agua potable y atención médica. Además, indicaron que las visitas se reducen a dos veces al mes, lo que incrementa la angustia.
El costo de traslado entre Yaracuy y Lara ronda los 16 dólares por visita, sin incluir gastos adicionales —aseguró la organización—. Considerando la frecuencia de visitas y envíos de paquetería, las familias pueden gastar hasta 80 dólares mensuales solo en pasajes, una carga difícil de sostener.
El OVP concluyó que estos traslados masivos forman parte de una crisis penitenciaria estructural que, aseguran, no ha sido resuelta por las autoridades en más de una década.
