Acarigua.- El Juzgado Especial Primero de Primera Instancia Estatal en Funciones de Juicio con Competencia en Terrorismo negó la solicitud de amnistía al productor agrícola Víctor Castillo, quien es enjuiciado por presunta coautoría en los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
La petición fue introducida el pasado 10 de marzo, pero fue en mayo cuando el agricultor recibió la notificación formal de la negativa.
Castillo fue excarcelado el 1 de febrero de 2026, tras permanecer 21 meses recluido en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, luego de su detención en abril de 2024. Sin embargo, continúa sometido a una medida cautelar sustitutiva de libertad que le obliga a presentarse cada 30 días ante tribunales.
Tras conocer la decisión judicial, el productor agrícola rechazó la medida y denunció irregularidades en su caso. “Hoy denuncio la injusta negativa de aplicar la amnistía en mi caso, evidenciando una vez más la selectividad y arbitrariedad con la que se maneja la justicia en nuestro país”.
Castillo insistió en su inocencia y aseguró que su detención respondió a motivaciones políticas.
“No he cometido delito alguno. Mi única ‘falta’ ha sido ejercer mis derechos políticos, defender la libertad y actuar conforme a lo que establece nuestra Constitución”.
El agricultor, oriundo de El Playón, municipio Santa Rosalía, relató el impacto personal que tuvo su encarcelamiento, especialmente en su entorno familiar.
“Soy un padre de familia al que un pequeño grupo le arrebató, durante casi dos años, la posibilidad de ver crecer a mis hijos. Ese daño es irreparable”.
La detención de Castillo, de 40 años, ocurrió el 28 de abril de 2024, cuando funcionarios del Sebin ingresaron a su vivienda en presencia de su esposa y su hija menor, días después de una gira de la líder opositora María Corina Machado, en la entidad.
Fue uno de los primeros presos políticos del estado Portuguesa ese año. Durante el proceso judicial, su defensa ha denunciado falta de garantías, señalando que en la audiencia preliminar —realizada en noviembre de 2024— se ratificó la acusación sin permitirle defensa privada y se ordenó su pase a juicio.
En su pronunciamiento, Castillo también cuestionó el alcance de la Ley de Amnistía. “Hoy dejo constancia pública de la aplicación selectiva de una ley incompleta, una ley ‘chucuta’, que lejos de garantizar justicia, continúa siendo un instrumento de exclusión y represión contra quienes pensamos distinto”.
Finalmente, exigió respeto a sus derechos y la liberación de todos los presos políticos en el país.
“Exijo libertad plena para todos los presos políticos. Exijo el cese inmediato de la persecución. Basta ya”.
Cabe destacar que Ámbar Márquez, dirigente política detenida junto a Castillo en abril de 2024, también fue excarcelada meses después, pero igualmente se le negó la aplicación de la amnistía, por lo que permanece bajo régimen de presentación.
La negativa ocurre en un contexto en el que organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la aplicación discrecional de medidas de libertad y amnistía en Venezuela. (CNP 25.482)
