Las desapariciones forzadas aumentaron más de 800% en los últimos 25 años en Venezuela, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así lo documentó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe correspondiente al año pasado, en el que detalló la crítica situación de los derechos humanos en el país meses después del fraude en las presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento, titulado El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia 2025 y presentado el jueves en el Auditorio César Ríos de la Universidad Central de Venezuela, señaló que durante 2025 se registraron 95 casos y 160 víctimas de desaparición forzada, lo que representa un aumento de 196% respecto a 2024 y de 841% frente al promedio histórico de los últimos 25 años.
Aunque no se menciona en el informe debido al momento en que trascendió la información, durante la presentación los defensores de derechos humanos señalaron el caso de Víctor Quero Navas, detenido en enero de 2025 y desde entonces su madre, Carmen Navas, desconocía dónde se encontraba.
Tras el anuncio realizado por Jorge Rodríguez en enero sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos, la mujer comenzó a participar en protestas y a acudir ante las instancias de justicia para reclamar información sobre su hijo hasta que finalmente se enteró, a principios de mayo, de que había fallecido hace 10 meses.
Métodos menos visibles, pero más sofisticados
Provea indicó que la desaparición forzada se consolidó como una herramienta recurrente dentro de la política represiva del Estado venezolano, especialmente en contextos de persecución. Señaló que, aunque el número global de violaciones al derecho a la libertad personal cayó 77,4% en comparación con 2024, la disminución no implica una mejora en la situación de los derechos humanos.
Por el contrario, la organización considera que el aparato represivo evolucionó hacia métodos menos visibles y más sofisticados y focalizados. Aunque el número total de detenciones arbitrarias e ilegales disminuyó de forma significativa respecto al año anterior, advirtió que este patrón revela mayor selectividad, clandestinidad y profundización de los abusos institucionales, especialmente contra dirigentes sociales, activistas políticos, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Las desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron 841% en los últimos 25 años
Según el documento, las desapariciones forzadas se convirtieron en uno de los principales mecanismos de represión documentados en Venezuela.
La ONG documentó 513 personas detenidas por razones políticas en 2025, lo que equivale a 86% de todos los casos registrados de violaciones a la libertad personal y aunque la cifra es menor a la de 2024, marcado por la represión poselectoral, se mantiene como la segunda más alta de los últimos años.
Dentro de ese número, 145 detenidos políticos sufrieron desaparición forzada, es decir, permanecieron sin información oficial sobre su paradero, incomunicados o fuera del alcance de sus familiares y abogados. Algunos casos se prolongaron durante más de 100 días.
Provea indicó que estos hechos ocurrieron principalmente en enero, mayo y junio, períodos vinculados momentos álgidos políticamente como la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro y las posteriores elecciones regionales y legislativas.
Muchos familiares recurrieron a recursos de habeas corpus que nunca tuvieron respuestas por parte del sistema judicial, lo que evidencia la instrumentalización política de la justicia venezolana.
Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, fue una de estas víctimas. Funcionarios encapuchados lo detuvieron el 7 de enero del año en Caracas y durante nueve días sus familiares no tuvieron conocimiento sobre su paradero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a su favor y posteriormente lo excarcelaron bajo régimen de presentación.
En caso documentado está el del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, integrante de Provea y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien estuvo desaparecido durante ocho días. Según el informe, las autoridades judiciales incluso se negaron inicialmente a recibir el recurso de habeas corpus presentado por la organización.
Más tarde se informó que Torres estaba recluido en El Helicoide, donde permaneció más de cinco meses incomunicado, acusado de supuesta conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
Provea también señaló casos de periodistas, estudiantes, activistas y adolescentes detenidos en circunstancias similares. Entre ellos, Nakary Ramos y Gianni González, arrestados tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas; Jonathan Bravo, adolescente con TDAH detenido por mensajes enviados en WhatsApp, y Jesús Gabriel Useche, joven con discapacidad cognitiva acusado de terrorismo.
Desapariciones forzadas de corta duración
Uno de los patrones más reiterado es el uso de desapariciones forzadas de corta duración. Los registros analizados señalan que al menos 85% de los arrestos incluyeron períodos superiores a 72 horas sin información oficial sobre el paradero de los detenidos.
Las víctimas eran trasladadas a lugares desconocidos, mantenidas incomunicadas y excluidas de registros policiales.
Provea documentó al menos 67 casos de desapariciones forzadas temporales durante el período analizado. Expuso que los familiares enfrentaron además enormes obstáculos para intentar activar mecanismos legales de protección.
Afirmó que tribunales y fiscalías se negaron repetidamente a recibir acciones de habeas corpus o denuncias por desaparición forzada. Incluso cuando los escritos fueron recibidos por el Tribunal Supremo de Justicia, las respuestas judiciales no llegaron dentro de los plazos legales.
Tendencia ascendente en la última década
La organización registró 141 detenciones individuales durante 2025 y, aunque representan una caída respecto al año anterior, muestran una tendencia ascendente durante la última década. Las víctimas identificadas fueron principalmente hombres, dirigentes políticos, líderes sociales, trabajadores, periodistas y estudiantes.
También se documentó la detención de al menos 14 niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, al menos 58 presos políticos sufrieron violaciones graves a su derecho a la salud, incluyendo enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cardíacas, renales y psicológicas agravadas por el encierro y la falta de atención médica. Se registraron además denuncias de aislamiento, incomunicación, tortura y malos tratos.
La organización alertó sobre un patrón de persecución indirecta mediante la detención de familiares de opositores y activistas, como ocurrió con Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien estuvo 11 meses en desaparición forzada antes de recibir una condena a 30 años de prisión por terrorismo y conspiración, así como con familiares de dirigentes de Voluntad Popular y parientes de exlíderes estudiantiles.
Provea enfatizó que la tendencia evidenció una mayor militarización de la respuesta estatal frente a la disidencia política y los conflictos sociales.
Señaló que las entidades con mayor número de detenciones arbitrarias fueron Distrito Capital, Falcón, Barinas, Zulia, Carabobo, Miranda y Trujillo.
En Falcón, el informe destacó la desaparición forzada denunciada por familiares de 30 trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná, detenidos por la Dgcim después de que los acusaron de presunto sabotaje relacionado con combustible. También se reseña la detención de 29 aficionados del Deportivo Táchira por parte del Sebin, luego de incidentes ocurridos durante un viaje hacia Caracas para asistir a un partido de fútbol.
Según el World Justice Project, Venezuela ocupó nuevamente el último lugar mundial en el índice de Estado de Derecho, ubicándose en la posición 143 de 143 países evaluados.
Para Provea, la combinación de leyes ambiguas, subordinación judicial, desapariciones forzadas, persecución política e impunidad configura una estructura estatal orientada al control social y al silenciamiento de la disidencia.
El Nacional
