Acarigua.- En el marco de un análisis constitucional realizado en la Delegación del Colegio de Abogados de Acarigua-Araure, el jurista Nicolás Humberto Varela expuso su visión sobre la figura de la ausencia absoluta presidencial y los escenarios institucionales derivados de la actual coyuntura política venezolana.
Durante su intervención ante miembros de gremios profesionales y representantes de la sociedad civil, Varela sostuvo que en el contexto venezolano se ha producido una situación de controversia sobre la legitimidad del ejercicio del Poder Ejecutivo a partir del proceso electoral y sus resultados del 28 de julio de 2024.
A su juicio, la discusión no se limita únicamente a la figura de la falta absoluta prevista en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sino que también involucra elementos vinculados a la legitimidad de origen del mandato presidencial de Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York, acusado de narcotráfico y otros delitos.
Destacó que el debate constitucional no puede desligarse de la legitimidad democrática. “Cuando se cuestiona el origen del ejercicio del poder, se abren escenarios de interpretación sobre la continuidad institucional del Estado”, expresó Varela durante su ponencia.
“La falta absoluta existe desde el 10 de enero de 2025, porque Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Hubo una usurpación del poder, y fue ese día que asumió sin haber sido electo por el pueblo”, afirmó Varela, al exponer su interpretación del escenario político.
El ponente también hizo referencia a disposiciones constitucionales vinculadas a los requisitos para ejercer la Presidencia de la República. “Está en juego también que esos años son nulos, porque el artículo 41 de la Constitución establece que no puede ser presidente de la República quien tenga otra o doble nacionalidad”, planteando este elemento como parte del debate jurídico en curso, en referencia a la presunta nacional colombiana de Maduro.
Valera planteó, además, que existen interpretaciones divergentes dentro del ordenamiento jurídico venezolano respecto a la validez de los procesos electorales recientes, lo que —a su juicio— impacta directamente en la estabilidad institucional y en la actuación de los órganos del Poder Público.
En ese sentido, señaló que el rol del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) resulta determinante en la resolución de controversias electorales y en la garantía de la certeza jurídica del sistema democrático.
El abogado también hizo un llamado a las instituciones del Estado. “Los magistrados del TSJ deben tomar conciencia y admitir el daño que le han hecho al país, emitiendo a favor de un gobierno y de un candidato que no ganó”, señaló durante su intervención.
Finalmente, cerró su intervención con un llamado a la actuación institucional bajo criterios de justicia. “Lo primero que deben hacer es irse por la sindéresis, impartir justicia y dar a cada uno lo que corresponde”, concluyó.
La actividad generó intercambio de opiniones entre los asistentes, en un contexto de debate jurídico sobre los escenarios constitucionales que plantea la actual coyuntura política venezolana, como el ir o no a nuevas elecciones, o exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente.(CNP 25.482)
