Acarigua.- Estudiantes y personal docente de la Universidad Politécnica Territorial (UPT) “Juan de Jesús Montilla”, núcleo Acarigua, denuncian las precarias condiciones en las que se encuentra la institución, afectando gravemente el desarrollo del período académico y vulnerando el derecho a la “educación digna” de 5.040 estudiantes que hacen vida en esta sede.
El problema eléctrico se agudizó desde el pasado mes de abril, dejando sin suministro a los módulos 3, 4 y 5, así como a una parte de los talleres de la universidad. Ante la falta de respuesta institucional y el rechazo a la solicitud de un nuevo transformador, los estudiantes deben recurrir a bombillos recargables, linternas de teléfonos celulares o verse obligados a recibir clases en las afueras de las aulas para no perder sus evaluaciones.
Además de la oscuridad que reina en los pasillos y salones, la comunidad estudiantil enfrenta un severo déficit de mobiliario. Diariamente, los jóvenes deben recorrer los distintos módulos para conseguir mesas y sillas, y en múltiples ocasiones terminan viendo las clases sentados en el piso.
A este escenario se suma la crisis del transporte universitario. Actualmente, las rutas estudiantiles solo operan en el turno nocturno. Según la información suministrada por las autoridades del plantel, la universidad no cuenta con el presupuesto necesario para el abastecimiento de gasoil, una situación que deja desasistidos a cientos de bachilleres que dependen exclusivamente de este servicio para trasladarse en los turnos diurnos.
“La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 103, establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones. Las condiciones actuales de nuestra universidad están muy lejos de cumplir con la ley”, manifestaron los afectados.
Ante la indiferencia de la directiva universitaria, los estudiantes y profesores hacen un llamado público y urgente al alcalde del municipio Páez, José Ángel López; al gobernador del estado Portuguesa, Primitivo Cedeño y al Ministerio para la Educación Universitaria.
Los denunciantes exigen una inspección inmediata y la dotación de los recursos necesarios (transformador, mobiliario y combustible), para solventar una crisis que atenta contra el futuro profesional de la región. “La educación es un derecho, no un privilegio; solo queremos estudiar en condiciones dignas y seguras”.
Nota de prensa, (Nayarí González, CNP 24760)
