La Fiscalía de Brasil denunció penalmente a cuatro personas por su presunta responsabilidad en la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, una joven de 21 años que perdió la vida durante una actividad de rope jumping en la localidad de Limeira, en el estado de São Paulo.
La acusación formal se dirigió contra tres instructores y la organizadora del evento, luego de que la joven resultó lanzada al vacío sin ningún equipo de seguridad desde el viaducto conocido como Ponte do Esqueleto.
El trágico accidente se produjo el 13 de junio, en una jornada que reunió a decenas de entusiastas de deportes extremos y turismo de aventura. Según la denuncia, los organizadores no fijaron la cuerda de seguridad al arnés de la víctima, quien participaba en la actividad bajo la supervisión de una empresa privada.
El salto, realizado desde una altura de entre 30 y 35 metros, terminó en una caída libre que causó la muerte por politraumatismo. El equipo médico que acudió al lugar confirmó el fallecimiento en el acto.
El Ministerio Público de São Paulo atribuyó el delito de homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por el uso de recursos que imposibilitaron la defensa de la víctima, a los tres instructores identificados como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves.
La cuarta acusada, señalada como organizadora del evento, enfrenta cargos similares bajo la figura de omisión impropia, por incumplir su rol de garante de la seguridad de los asistentes, y también el de fraude procesal tras intentar destruir pruebas clave para la investigación.
El Ministerio Público detalló que el grupo operaba sin estructura formal de gestión de riesgos y desatendía los protocolos básicos de seguridad. Las actividades solían congregar a entre 80 y 100 personas, sin que existiera una división clara de funciones dentro del equipo.
La víctima fue sometida a una maniobra localmente conocida como “avioncito”, en la que los operadores levantan al practicante y lo lanzan al vacío, práctica que requiere extrema precaución y controles dobles del equipo.
De acuerdo con la investigación, los responsables del evento tenían conocimiento de los riesgos mortales inherentes a la actividad y de antecedentes de fallos operativos anteriores, pero continuaron realizando los saltos sin modificar los protocolos. En el caso de la organizadora, la Fiscalía sostuvo que ya sabía de un incidente similar previo, aunque nunca suspendió las actividades.
El accidente quedó registrado en video y, en las imágenes que circularon en redes sociales, se escuchan los gritos de los presentes al percatarse de que la joven caía sin cuerda de seguridad. Tras el hecho, la organizadora ordenó localizar la cámara corporal que portaba la víctima y borrar todo su contenido, con el objetivo de obstaculizar la acción de la justicia. El dispositivo electrónico sigue desaparecido.
La Fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva de los tres instructores y que se convierta la detención temporal de la organizadora en prisión preventiva. También pidió una indemnización de 200.000 reales (aproximadamente 39.000 dólares) en concepto de reparación de daños para la familia de la víctima.
(Con información de EFE)
