La ONG Justicia, Encuentro y Perdón dijo que cumplida una semana del último ciclo de excarcelaciones de presos políticos, esto no constituye «un acto genuino de justicia» como han intentado hacer ver desde el chavismo.
«El escrutinio de esta jornada revela que no estamos ante un acto genuino de justicia, sino frente a una reconfiguración de la represión. Las excarcelaciones recientes no representan la libertad plena; operan, en la práctica, como una extensión del esquema de castigo y control social bajo nuevas modalidades», explicó la organización no gubernamental.
Aunque el Programa por la Paz y Convivencia Democrática aseguró que habían otorgado medidas sustitutivas de libertad a 131 personas presas por razones políticas, esta organización dedicada a la defensa de personas presas políticas sólo había podido documentar excarcelaciones de 91 personas hasta el pasado 21 de agosto, de las que 11 de ellas no aparecían en sus registros previos como encarcelados políticos.
Justicia, Encuentro y Perdón identificó cuatro patones en estas medidas que otorga el chavismo en el poder, ahora bajo la administración directa de Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero por fuerzas militares estadounidenses en una incursión sobre Caracas y ciudades aledañas.
Cuatro elementos que identificó ONG sobre las excarcelaciones
Estos cuatro elementos son:
1) La manipulación del balance y la opacidad oficial. Sobre ello explicaron que no existe ninguna lista oficial en estos procesos, pese a las exigencias de las ONG, familiares e instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
«El Estado omite deliberadamente la publicación de cualquier lista oficial detallada de los beneficiarios ni especifica los centros de reclusión de origen de todos los casos, la cifras general que anunció de 131 excarcealdos es superior a los resultados que las organizaciones han podido certificar mediante el contacto directo con las familias. Esto evidencia un uso político de las estadísticas y del hermetismo institucional», señalaron.
2) El cautiverio en las calles (Medidas cautelares). Los beneficiarios de medidas sustitutivas de libertad siguen con procesos judiciales abiertos. Deben presentarse con regularidad en tribunales, mayormente en Caracas, pese a que viven en otras regiones del país. Uno de los casos más recientes es el de la presa política Emirlendris Benítez, quien salió en silla de ruedad del Inof en Los Teques, pero le impusieron una presentación en tribunales cada 3 meses, aunque en su natal Barquisimeto, una excepción a la regla impuesta por el poder.
«Todos los ciudadanos excarcelados han sido sometidos a medidas cautelares, lo que significa que el Estado mantiene el control sobre sus vidas, obligándolos a transitar un limbo jurídico que prolonga el desgaste psicológico tanto de las víctimas como de sus núcleos familiares», explicó Justicia, Encuentro y Perdón.
3) La continuidad de la tortura pasiva. Denunciaron que estos beneficios ignoraron casos de personas que necesitan medidas humanitarias urgentes por razones de enfermedad, con patologías críticas. Citaron el caso del teniente Ángel Barrios, quien está detenido en Ramo Verde, la cárcel militar del chavismo.
Señalaron que este militar «carece de una prótesis craneal tras la extracción de un tumor. Ha sido víctima de golpes en esa zona vulnerable y hoy se le niega sistemáticamente el traslado para una resonancia magnética urgente. Mantener a los enfermos graves bajo este esquema de desatención institucional es una amenaza diaria a sus vidas».
4) El hallazgo del sufrimiento silencioso. La ONG sostuvo que en cada proceso de excarcelación cuando cruzan datos se van dando cuenta de la existencia de nuevos casos, personas que son presas políticas que no constaban en los registros de las organizaciones de derechos humanos.
«Hasta el momento, en el caso de Justicia, Encuentro y Perdón, de 91 excarcelaciones confirmadas, 11 de estos casos no estaban en su base de datos y se mantienen en investigación de acuerdo a los estándares que maneja la organización», detallaron.
Opacidad institucional frente a excarcelaciones
La ONG reiteró sus críticas a la opacidad institucional, impulsada desde el Ejecutivo por el Ministerio del Servicio Penitenciario y otros actores del sistema de justicia como el Ministerio Público, el que otorga las medidas pero que no informa los nombres de beneficiarios, los sitios de reclusión donde estaban ni da libertades plenas.
«Cuando un Estado impone el hermetismo y la opacidad como política institucional, recae sobre la sociedad civil la inmensa tarea de documentar la verdad desde las sombras. Este esfuerzo se realiza a través de diversas metodologías de investigación, redes de apoyo y procesos de verificación directa con los familiares, lo que naturalmente genera variaciones en los cortes numéricos de cada organización», añadieron.
Reiteraron su exigencia de que se otorguen libertades plenas. «Es imperativo avanzar hacia el otorgamiento de la libertad plena y sin restricciones para todos los detenidos. Solo la libertad absoluta, el cese de la zozobra que imponen las medidas cautelares y el respeto irrestricto al debido proceso garantizarán una verdadera restitución de los derechos fundamentales».
El Pitazo
