El presidente de la Comisión Especial para el debate de la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, el diputado Pedro Infante, ofreció un balance sobre la instalación de esta instancia legislativa y detalló la ruta institucional que seguirá el proyecto de reforma parcial, impulsado por iniciativa de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez.
De acuerdo con el mecanismo legal establecido, la Comisión Especial redactará el proyecto definitivo de reforma.
Una vez aprobado, el documento será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual se encargará de dar el aval y la validación correspondiente para llevar la propuesta a su primera discusión formal en la Asamblea Nacional.
Posteriormente, tras superar los dos debates reglamentarios en la plenaria del Parlamento, se desplegará una ruta de consulta.
Este proceso de debate y revisión incluye a diversos sectores de la sociedad venezolana, cuentos como:
• Víctimas y afectados por la violencia política.
• Ciudadanos afectados por la implementación inadecuada o el uso abusivo de la ley vigente.
• Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales.
• Organizaciones políticas de distintas tendencias.
• Instancias del sistema de justicia, medios de comunicación y universidades.
Rectificación institucional y despenalización
Infante recordó que la propia presidenta de la República calificó como lamentable que la ley haya sido mal aplicada en casos específicos y puntuales, llegando a catalogarlo como un “uso abusivo”.
Ante este diagnóstico, el parlamentario precisó que la reforma tiene como ejes centrales:
• La despenalización: Se revisará el articulado sancionatorio (especialmente los artículos 20, 21 y 22, entre otros) para reorientar el enfoque normativo.
• Definiciones taxativas: Se dejarán claros y explícitos los conceptos clave de la ley para asegurar una correcta aplicación y evitar discrecionalidades en el futuro.
• Cambio de nombre: La Comisión Especial coincidió de manera unánime en que la ley debe contar con un nuevo nombre de carácter positivo y propositivo, enfocado principalmente en la educación, la formación y la prevención de la intolerancia en la política.
• Justicia de Paz: Se contempla la articulación con la justicia de paz comunal para atender de manera directa los casos que se presenten en las comunidades.
Contexto político 2026: Recomposición democrática
El diputado inscribió esta reforma dentro del esfuerzo institucional que se ha llevado a cabo durante el año 2026 para reconstruir la confianza en las instituciones y dinamizar la vida democrática.
Mencionó como hitos recientes la instalación del programa por la convivencia democrática el 23 de enero, el anuncio de la transformación del sistema de justicia penal el 30 de enero por parte del Ejecutivo, y la posterior aprobación de la Ley de Amnistía (o “Ley Dignidad”) en febrero de 2026, la cual calificó de tener “resultados extraordinarios”.
Asimismo, destacó los procesos paralelos de renovación institucional en el Poder Ciudadano y el TSJ.
Haciendo uso de una metáfora automotriz, Infante señaló que tanto el chavismo como la oposición viajan en vehículos que tienen retrovisores —en alusión a la memoria histórica y la necesidad de justicia—, pero que ambos sectores tienen hoy la gran oportunidad de mirar hacia el frente para construir un futuro de respeto mutuo.
Aseguró que las fuerzas políticas del Parlamento trabajarán de la mano para entregar una legislación que tribute a la paz, la tranquilidad y la recuperación económica del país.
El Universal
