El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió la derogación completa de la Ley Constitucional contra el Odio, al considerar que la reforma parcial presentada ante la Asamblea Nacional mantiene disposiciones que pueden utilizarse para limitar la libertad de expresión, imponer sanciones a periodistas y restringir la actividad de los medios de comunicación.
La posición fue expuesta este miércoles 12 de noviembre durante una consulta pública en el Palacio Federal Legislativo, en la que el gremio participó junto a otras organizaciones de la Alianza por la Libertad de Expresión. El sindicato advirtió que, aunque la propuesta elimina las penas de cárcel, conserva mecanismos de control administrativo, multas y conceptos jurídicos imprecisos que dejan margen para sancionar opiniones y denuncias públicas.
Como antecedente, el SNTP informó que hasta enero de 2026 había contabilizado 40 trabajadores de la prensa detenidos o sometidos a procesos judiciales, de los cuales 28 (70 %) enfrentaron cargos relacionados con esta legislación. La organización sostuvo que estas medidas no solo afectan a quienes son procesados, sino que también generan un ambiente de intimidación que favorece la autocensura y dificulta las investigaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público.
Entre los puntos cuestionados figura el artículo 4, que incorpora términos subjetivos como “temor”, “angustia” y “zozobra”. A juicio del sindicato, estas categorías podrían emplearse para perseguir denuncias contra funcionarios y autoridades, mientras que las excepciones previstas para el ejercicio periodístico no abarcan todas las conductas consideradas sancionables.
También expresó preocupación por el artículo 21, que contempla multas equivalentes a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial, además de hasta 600 horas de trabajo comunitario. El SNTP alertó que estas penalizaciones podrían afectar gravemente el patrimonio de periodistas independientes y comprometer la sostenibilidad económica de los medios.
Otra de las disposiciones objetadas es el artículo 24, que atribuye al ministerio encargado de la justicia competencias para investigar y sancionar expresiones públicas, incluidas aquellas dirigidas contra el Gobierno. A esto se suman los artículos 13, 15 y 23, que establecen la difusión obligatoria de contenidos oficiales durante 30 minutos semanales y la eliminación inmediata de mensajes en plataformas digitales, medidas que, según el gremio, vulneran la independencia editorial.
El SNTP considera, además, que la legislación resulta innecesaria porque el ordenamiento jurídico venezolano ya contempla sanciones contra la discriminación y la instigación al odio, entre ellas las previstas en el artículo 285 del Código Penal y en leyes especiales sobre violencia de género y discriminación racial.
Como alternativa, propuso impulsar políticas educativas y adoptar estándares internacionales para prevenir los discursos discriminatorios, entre ellos el Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas.
Finalmente, el sindicato cuestionó que la reforma no contemple mecanismos para revisar los procesos judiciales iniciados bajo esta ley, eliminar antecedentes penales ni reparar a las personas afectadas durante sus nueve años de vigencia.
Para el SNTP, la eliminación total de la normativa es una condición necesaria para garantizar el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y un debate público sin amenazas de persecución
Versión Final
