El abogado constitucionalista y coordinador nacional de Vente Venezuela, Perkins Rocha, denunció que la prohibición de acceso a su residencia impuesta este miércoles por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) representa una actuación arbitraria que atenta contra sus derechos civiles y pone en duda la voluntad de reconciliación en la mesa de diálogo nacional.
En declaraciones difundidas a través de un vídeo institucional de la organización política, Rocha confirmó que, tras dos años y tres meses de privación de libertad —de los cuales acumula nueve meses en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico y custodia policial—, es la primera vez que se ejecutan restricciones fácticas a sus actividades sociales e interacciones dentro de su vivienda.
La medida de fuerza se produjo a pesar de que la defensa técnica constató ante el juzgado de la causa que no existe ninguna orden judicial que autorice el cerco sobre el inmueble. Ante esta situación, el dirigente político recordó el régimen cautelar al que está sometido desde su salida del centro de reclusión.
“Desde el 8 de febrero que ocurrió la excarcelación, es decir, el traslado de mi persona fuera del recinto del Helicoide, se me permitió un arresto domiciliario que voy llevando ya por el orden de los más de nueve meses en mi casa con un grillete electrónico y un apostamiento policial”, explicó el constitucionalista.
Boicot a la agenda internacional y balance de la mesa de negociación
El exmagistrado y docente universitario enfatizó la contradicción que supone la restricción de accesos, destacando que nunca antes se le había impedido expresarse libremente dentro de su hogar.
“No había ocurrido nunca ningún tipo de prohibición para hacer declaraciones o manifestar a viva voz mi pensamiento, tal como está previsto en el artículo 57 constitucional”, precisó Rocha.
La acción policial impidió el desarrollo de actividades previstas en la residencia del jurista, incluyendo la cobertura de medios de comunicación y una reunión institucional de alto nivel con representación de las Naciones Unidas.
“Llama la atención que hoy precisamente, paradójicamente, se haga esta restricción que viola precisamente el derecho que esta Relatora Especial de Naciones Unidas viene a tratar de fiscalizar que se cumpla”, sostuvo el abogado al cuestionar el bloqueo a la agenda con la delegación internacional.
Al evaluar el panorama político nacional y la reanudación de las conversaciones bilaterales entre el oficialismo y la oposición, Rocha cuestionó que se mantengan patrones de represión e ilegalidad mientras se discurre sobre un ambiente de distensión en la mesa de negociación.
“Esto debe llamar a la reflexión, si de lo que se trata es de mantener una hipocresía institucional donde en el fondo nada se repare… Esta muestra lo que uno haría en definitiva es preguntarse si esto significa un cambio en esa estrategia y que lo que se le ofreció al país, que en definitiva era el restablecimiento de los derechos civiles, ya no es un cometido”, aseveró el dirigente opositor al reflexionar sobre el alcance del proceso de diálogo.
Frente al riesgo de retrocesos en las garantías otorgadas, el coordinador de Vente Venezuela dirigió un mensaje directo a la delegación opositora y a la representación parlamentaria encargada de las conversaciones.
“El llamado es para los miembros de esa mesa de diálogo, en especial para la señora Dinorah Figuera y los miembros de la Asamblea del 2015 que la acompañan, de que no podemos permitir que los espacios que hemos ganado medianamente, los pequeños espacios de libertad que se nos ha otorgado, los volvamos a perder”, advirtió.
Excarcelación total y restablecimiento de derechos
Rocha reiteró que la medida cautelar que pesa en su contra debe ser corregida mediante la emisión de un mandato judicial que restituya plenamente su ejercicio ciudadano.
El constitucionalista fue detenido el 27 de agosto de 2024 tras desempeñarse como representante legal del Comando Con Venezuela durante el proceso electoral presidencial del 28 de julio, permaneciendo recluido en la sede del SEBIN en El Helicoide antes de ser trasvasado al régimen de arresto domiciliario en febrero.
La defensa ratificó que continuará realizando las gestiones correspondientes ante el tribunal de la causa a fin de garantizar el cese definitivo del cerco sobre su domicilio.
El Nacional
