Acarigua.- Dos ciudadanos que fueron denunciados por seis hermanos, todos adultos mayores, por negarse a desalojar una vivienda en la que residen alquilados desde hace más 20 años y que en los últimos seis dejaron de pagar arriendo, están detenidos y a la orden del Ministerio Público para ser imputados por el delito de invasión.
La denuncia sobre estas personas la hicieron Olivia, Mirian, Rosa, Miguel, Franklin y Carmen Yépez, a través de un video en el que se dirigen directamente al fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab. En el video, piden al titular del Ministerio Público interceder en el litigio sobre la recuperación de un inmueble que -aseguran- ganaron en el 2018 y que no les han entregado.
Tras divulgarse el video, el pasado fin de semana, funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), acudieron a la vivienda ubicada en la calle 25 entre avenida 32 y 33 del sector Centro de Acarigua, y practicaron la aprehensión de los ciudadanos Fernando Alfonso Nuñez Rojas e Israel Eustacio Chacón Rojas.
Los denunciantes, con pancartas en manos, grabaron el udiovisual para solicitar al Ministerio Público que, por medio del Programa de Protección a los Adultos Mayores, les ayuden a recuperar la casa que proviene de una herencia de sus padres.
En representación del grupo de abuelos, Franklin Torbello hizo llegar este material audiovisual a los medios locales, explicando que se trata del arrendamiento de una casa, «que hace muchos años» los padres de los hermanos Yépez decidieron alquilar, «pero desde el 2014 no recibieron más pagos», situación que los llevó a abrir un procedimiento jurídico en contra de los arrendados Irrael Chacón y Fernando Núñez.
Según la información aportada por Torbello, en el año 2018, un Tribunal Civil del municipio Araure dictó la sentencia (#4700-2018), a favor de un desalojo que nunca se cumplió, por un decreto presidencial que en ese momento les impidió concretar la acción.
Ante el lanzamiento de este programa de protección impulsado por el Ministerio Público, para los ancianos, tomaron la decisión, luego de cinco años pedir ayuda, porque la medida aún no se ejecuta por falta del pronunciamiento de la Sala de Casación Civil del TSJ.
En el video, los afectados piden apoyo, debido a que esos ingresos por arrendamiento les permitía costear sus gastos básicos, incluso las medicinas; sin embargo, al no seguir pagando los arrendados, ni salir del inmueble, se encuentran «atados de manos», señaló.
Finalmente, alegan que agotaron todas las instancias administrativas y judiciales para desalojar a estos dos ciudadanos y, por eso, hicieron público el caso. (CNP 13.114) y (CNP 25.482)
