El gobierno de Nicolás Maduro denunció este martes supuestas irregularidades y violaciones del debido proceso cometidas por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ponen en duda la debida imparcialidad y objetividad en la investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad, negados por el Ejecutivo.
El gobierno presentó ante la corte un documento en el que denuncia la “indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano” durante todo el trámite, así como “los vínculos probados” de esa instancia con varias ONG, que han aportado información contra las autoridades del chavismo en este asunto.
“Nunca han ocurrido crímenes de lesa humanidad”
El escrito, según un comunicado oficial, desmiente “todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, pidió al tribunal en noviembre la autorización para seguir adelante con la investigación, que comenzó en 2021 después de que en el examen preliminar, abierto en febrero de 2018, se detectaran indicios de que se habrían podido cometer crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Según el comunicado del Ejecutivo, el país aportó abundante información que supuestamente evidenciaría el carácter político del proceso iniciado en la CPI como parte de la estrategia de “cambio de régimen” impulsada por el gobierno de Estados Unidos.
Como prueba de la “naturaleza política del proceso”, el régimen chavista señaló el caso de un ciudadano venezolano designado en 2019 por la Asamblea Nacional para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales, al que la Fiscalía “presentó como una ‘víctima’ de ‘tortura’ y ‘persecución’”.
El gobierno, que no especificó el nombre del ciudadano, aseguró que las autoridades nacionales competentes lo entrevistaron y negó, expresamente, haber sufrido vulneraciones a su derecho a la integridad personal.
