La Corte Constitucional dio luz verde al Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual se declara “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional”.
El máximo órgano constitucional declaró exequible, es decir, ajustada a la Constitución, la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, que fue decretada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.
No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el alto tribunal, se condicionó su aplicación para impedir que los efectos del decreto use en asuntos sin relación directa con los daños y necesidades derivados del sismo de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, y Manizales.
La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena aprobó la determinación con siete votos a favor y uno en contra parcialmente.
El tribunal revisó tanto el Decreto 1261 del 19 de agosto —con el que se declaró la emergencia en parte del territorio nacional —y el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su ámbito territorial.
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