El nuevo presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella anunció este viernes un endurecimiento de la política de seguridad del país y dio por cerrada la posibilidad de negociar con grupos armados ilegales, al advertir que su gobierno recurrirá a la fuerza del Estado para combatir a las organizaciones criminales.
Durante su primer discurso como mandatario, pronunciado en el Cantón Militar Pichincha de Cali, De la Espriella sostuvo que comienza una nueva etapa en materia de seguridad y autoridad.
“Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad”, afirmó ante un centenar de uniformados, mientras los invitados a la ceremonia de investidura seguían el acto desde la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali.
Gobierno asume postura confrontativa y rechaza negociaciones con grupos armados
El mandatario, quien durante la campaña electoral defendió una estrategia de mano dura contra las estructuras armadas y criminales, descartó continuar con las negociaciones de paz impulsadas por anteriores gobiernos.
“La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, en referencia a los procesos adelantados con guerrillas y organizaciones criminales durante las últimas administraciones.
De la Espriella cuestionó además el tratamiento que el Estado ha dado históricamente a estos grupos y aseguró que su gobierno asumirá una posición más confrontativa frente al crimen.
“El Estado históricamente fue suficientemente noble. El Estado bajo el régimen que ha terminado fue suficientemente cómplice. En la hora del tigre será contundente y frentero contra el crimen”, expresó.
Retoman fumigación aérea de cultivos ilícitos
El combate al narcotráfico ocupará otro de los principales frentes de su política de seguridad. El presidente confirmó que retomará las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos mediante el uso de nuevos herbicidas, una medida que durante años ha generado controversia en Colombia por sus posibles efectos ambientales y sanitarios.
“Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”, aseguró.
El mandatario vinculó directamente el crecimiento de los cultivos de coca con la expansión de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al conflicto armado.
“La coca ha traído muerte, corrupción y destrucción”, afirmó, al señalar que los cultivos también han contribuido a la destrucción de las selvas, el desplazamiento de comunidades campesinas y el fortalecimiento del “combustible para el narcoterrorismo” en Colombia.
Lanzan dura ofensiva contra cultivos de coca y criminales
Las cifras de Naciones Unidas reflejan la dimensión del desafío. De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cerró 2024 con unas 261.000 hectáreas cultivadas con coca, un incremento de 3,5 % frente al año anterior.
Ante este escenario, De la Espriella aseguró que su administración buscará desarticular las organizaciones criminales que operan en el territorio nacional y pidió a la población respaldar su estrategia de seguridad.
“Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo, organizaciones criminales que amenazan la libertad de Colombia. Los invito a todos a que nos constituyamos en permanentes defensores de la patria, porque ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad”, añadió.
La estrategia anunciada también contempla un endurecimiento del sistema penitenciario. El nuevo gobierno prevé construir “megacárceles” para recluir a los integrantes de las organizaciones que considere una mayor amenaza para la seguridad nacional.
De la Espriella dirigió una advertencia a las estructuras armadas y bandas criminales, a las que planteó únicamente dos alternativas frente a su Gobierno: “someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”.
“No habrá impunidad, los encontraré y los llevaré con determinación ante la justicia”, concluyó.
El Nacional
