El gobierno de Bolivia anunció que presentará un decreto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para ampliar el estado de excepción vigente en el país desde hace casi tres meses, mientras crecen las advertencias de movilización de distintos sectores sociales.
El ministro de gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo buscará extender la medida por 90 días adicionales.
“Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción. Una comisión legislativa también ha presentado la misma solicitud”, señaló el funcionario, que además sostuvo que existe “un gran consenso ciudadano” y también parlamentario para dar luz verde a la iniciativa.
El estado de excepción vence en seis días. Según la Constitución boliviana, una vez concluida esta figura no puede declararse otra similar durante un año, salvo que la Asamblea la apruebe expresamente, lo que obliga al Ejecutivo a tramitar la extensión por vía legislativa.
La medida fue dictada el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz, de tendencia centroderechista, para poner fin a los bloqueos de carreteras que durante 53 días paralizaron buena parte del país entre mayo y julio. Las protestas, encabezadas por la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana, con respaldo de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigían la renuncia del mandatario y dejaron al menos 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, además de pérdidas económicas superiores a 3.000 millones de dólares.
La semana pasada, la comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para extender la disposición por el mismo plazo, ante los anuncios de movilización de transportistas, vendedores informales, maestros y cocaleros, entre otros gremios, motivados por la escasez de combustible y de dólares que presiona al alza los precios. El diputado Alejandro Medinaceli, del oficialista Partido Demócrata Cristiano, precisó que la resolución deberá debatirse primero en el pleno de Diputados y que luego la Presidencia de la Asamblea Legislativa convocará una sesión conjunta con el Senado para resolver la extensión.
Frente a esta iniciativa, las posiciones políticas aparecen enfrentadas. La diputada opositora Elena Pachucute cuestionó los resultados de la disposición: “No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”. Desde la bancada oficialista, en cambio, Claudia Bilbao defendió su continuidad: “La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”.
Los gremios empresariales también reclaman la prórroga y plantearon además una ley de alcance nacional contra los cortes de rutas. Por el momento, solo la Asamblea Legislativa de Santa Cruz sancionó una norma con ese objetivo, circunscripta a su propio territorio.
De concretarse, la extensión mantendría vigente el estado de excepción hasta fin de año, cuando el Ejecutivo anunció que eliminará por completo el subsidio a los carburantes, una medida de alto costo fiscal y una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional para desembolsar un crédito de 1.900 millones de dólares. El beneficio ya había sido reducido parcialmente hace nueve meses.
Paz arrastra, a su vez, complicaciones que provienen de administraciones previas, entre ellas el descenso en la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles y otros productos, escasez de divisas e inflación. En casi un año de gestión, el mandatario no consiguió revertir ese panorama y su gobierno atravesó episodios de escándalo que, para analistas consultados, debilitaron aún más su imagen pública.
En esa línea, la analista Jimena Costa planteó ante medios locales que “el gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”.
(Con información de AP y DW)
